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Jueves, 15 de diciembre 2016, 17:49
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, advirtió de que el modelo de ordenación territorial, cuya última fase legislativa está a punto de culminar un proceso iniciado hace más de cuatro años, palía problemas, pero ni arregla ... todo, ni cura todo.
En su comparecencia ante el pleno del Consejo Económico y Social (CES), De Santiago-Juárez detalló el inicio del proceso, las dificultades por las que ha pasado en este periodo, con tensiones y disputas internas de los partidos -incluido el PP-, las dudas de concejales y alcaldes y los pasos dados hasta elaborar el anteproyecto de ley por el que se regula el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios de Castilla y León.
La ordenación del territorio no es el bálsamo de fierabrás, ni una plastilla milagrosa que lo cura todo, no arregla todo, aunque sí palía problemas endémicos, reseñó el número dos de la Junta, entre los que citó la despoblación o el paro, para subrayar que lo que sí se garantizará por ley son los servicios básicos que presta la Comunidad y los municipios.
Así, explicó que hoy no está garantizado por ley la existencia de colegios con cuatro alumnos, de quince consultores locales por zona de salud o de dos centros de salud en una unidad básica y recalcó que esos servicios estarán blindados cuando se apruebe la ley, si bien añadió que lo importante no son los mapas, sino que se garanticen los servicios en el territorio.
Me preocupa que algunos alcaldes digan que no se garantizan los servicios, cuando se elevan a rango de ley, subrayó, por lo que pidió a los miembros del CES que se queden con este mensaje: se garantizan por ley los servicios en el medio rural, se facilita la herramienta de asociarse de manera voluntaria en mancomunidades de interés general y se desbloquea la aprobación del Plan Plurianual de Convergencia Interior y el Fondo de Compensación.
En este punto, manifestó que corregir desequilibrios a través de ambas piezas no es igual a una política demográfica positiva, aunque consideró que sí ayuda a paliar ese problema, que insistió en que no es sólo de Castilla y León, sino también de España e incluso de regiones de Alemania.
De Santiago-Juárez reiteró el mensaje que se ha flexibilizado el modelo, que reconoció que era excesivamente rígido, para que todo el mundo se encuentre a gusto y afirmó que no se entiende la pelea de algunos municipios por estar en una u otra unidad básica (ubost). La unión hace la fuerza, remarcó, en relación a asociarse en mancomunidades de interés general.
Tras asegurar que las mancomunidades clásicas que funcionen bien tendrán el mismo trato que las nuevas, recordó que su equipo ha dado dos vueltas a la Comunidad en el esfuerzo pedagógico de explicar este modelo, aunque admitió que cree que se debe hacer un esfuerzo más.
Entre las dificultades, se refirió también al miedo o angustia ante lo desconocido, a la ley Montoro que cuestionó la Junta por considerar que vaciaba de competencias a los municipios -afortunadamente fue anulada por el Tribunal Constitucional- y a la situación interna del PSOE, con tres secretarios generales y una gestora desde 2011 hasta el momento actual. No hay que echar toda la culpa a Montoro, aunque tiene una parte, apostilló.
Es una ley municipalista y autonomista, definió el vicepresidente, que ahondó en la existencia de dos modelos: suprimir municipios o las comarcas, para recordar que la actual y única existente en la Comunidad, la del Bierzo, en 25 años de vida no cuenta con ninguna competencia delegada por los ayuntamientos. Así, manifestó que las mancomunidades de interés general pueden avanzar hacia las comarcas, porque lo recoge la ley. El mejor acuerdo es el que deja a todos un pelín insatisfechos, concluyó.
Máximo consenso
El presidente del CES, Germán Barrios, pidió el máximo consenso para un asunto de comunidad y para la aprobación de una ley necesaria e imperiosa, cuyo objetivo es la prestación de los servicios en las 193 unidades básicas, 177 rurales y 16 urbanas en una Comunidad con 2248 municipios y 2222 entidades locales.
El secretario general de CCOO en Castilla y León y vicepresidente del CES, Ángel Hernández, explicó que su sindicato adopta una posición de pragmatismo dado que no es el modelo que ellos defienden, son las comarcas, pero consideró que no hay que anclarse porque la única ordenación iba a ser la de las diputaciones provinciales.
No va a solucionar la despoblación, pero puede ayudar, defendió, a la vez que resaltó que el modelo se haya flexibilizado durante el proceso de consulta y se mostró convencido de que a la larga será difícil mantener el número de municipios, no sólo desde el punto de vista económico.
Después de indicar que el informe del CES será favorable al anteproyecto de ley, lanzó el mensaje a los municipios de que si no se agrupan, si no cooperan y si no se mancomunan no saldrán del letargo.
Por último, Evelio Ángulo, vicesecretario general de UGT Castilla y León, se sumó a la máxima de que el mejor acuerdo es el que deja a todos insatisfechos y defendió la necesidad de la ley, aunque no sea el bálsamo de fierabrás. Aurelio González (UPA) solicitó que no haya zonas de sombra en la Comunidad, petición que acogió Hernández para reclamar que la participación pública de la Junta y llegar donde por negocio no lo hacen las compañías privadas de telecomunicaciones.
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