Aprobada la Ley del Alto Cargo de Castilla y León con el apoyo del PP y Ciudadanos

La ley ha contado con el voto en contra del resto de los grupos de la oposición -PSOE, Podemos y Mixto-, cuyos portavoces han puesto reparos de contenido político y jurídico, con alusiones a las recomendaciones e informes de los letrados de las Cortes sobre este proyecto de ley, en el que ven visos de inconstitucionalidad.

El debate ha arrancado con la intervención del vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha asegurado que la norma "no tiene ningún atisbo de ilegalidad" y ha negado la existencia de algún informe jurídico "firmado" que vaya en contra de su legalidad.

Sobre el contenido de la ley, el vicepresidente ha sostenido que es "pionera" en España y busca "dar respuesta a una demanda de la sociedad" en materia de regeneración democrática con medidas como la limitación a ocho años de los mandatos de consejeros y presidente de la Comunidad.

Tras el discurso de De Santiago-Juárez ha llegado la defensa de las enmiendas presentadas por la oposición y el debate en torno a ellas, con los populares Juan José Sanz Vitorio y Domingo Martínez como interlocutores, aunque el vicepresidente ha tomado la palabra para contestar a los portavoces del Grupo Mixto y Podemos.

El primero en intervenir ha sido el leonesista Luis Mariano Santos, quien ha anunciado su voto en contra por algunas discrepancias a pesar de compartir que es necesario avanzar en regeneración y no tanto por las "dudas de legalidad" que han surgido sobre este proyecto de ley.

Después ha sido el turno del portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo), quien ha denunciado el "agravio muy importante" contra los servicios jurídicos de las Cortes que aún hoy "se siga negando la existencia del informe", tras lo que ha mostrado una copia "firmada y con membrete" facilitada por los letrados del Parlamento.

Sobre el contenido, Sarrión ha considerado que la ley es "laxa" porque "no es verdad que regenere" y es "más suave" en sus exigencias para los altos cargos que la normativa estatal.

En primera instancia le ha contestado Domingo Martínez (PP), quien ha negado la existencia del informe esgrimido por Sarrión y le ha retado a que le enseñe los datos de registro y desvele quién lo encargó.

El vicepresidente de la Junta ha pedido intervenir para "aclarar" alguna cuestión y para insistir en que "aquí no hay ningún informe" que tenga "ni firma ni sello". "No se puede mentir así a la gente para que los medios de comunicación lo recojan mal", ha añadido.

La procuradora de Podemos Natalia del Barrio se ha apoyado también en los informes y recomendaciones de los letrados de las Cortes para acusar al PP de convertirse en un "partido anticonstitucional y antisistema", por aprobar una ley que está "viciada desde el principio", que es "humo" en materia de regeneración y que va "contra el ordenamiento jurídico".

Del Barrio ha considerado como "una perversión del sistema democrático" que sea el Ejecutivo el que trate de "controlar" al Legislativo y no al revés.

"Yo no entiendo por qué se pone tan en contra de que lo aprobemos", le ha contestado Martínez, convencido de que con esta norma Castilla y León va en la línea de la regeneración, lo que ha compartido también el vicepresidente, que ha pedido intervenir de nuevo para criticar a la procuradora de Podemos por demostrar que "todavía no se han leído el proyecto de ley, han trabajado poquito por lo que se ve", ha afirmado.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, ha sentenciado que "lo que mal empieza mal acaba", en alusión a lo que ve como una salida del PP de los acuerdos de Comunidad por consenso, con "prisas y más prisas" para aprobar una ley que no debe impedir que su contenido sea aplicado ya por razones "éticas" como la renuncia de los procuradores del PP y alcaldes de Salamanca y León a alguno de estos dos cargos, dado que a partir de la próxima legislatura no se podrán compaginar ambos cometidos.

Barcones ha acusado a Ciudadanos de ser "la muletilla perfecta" del PP al "votar juntitos pero muy solitos" esta ley, mientras que a Podemos y al Grupo Mixto les ha criticado por no haber trabajado lo suficiente en la fase de ponencia y descubrir ahora "la pólvora".

Sobre las cuestiones de legalidad, ha enfatizado su respeto y agradecimiento a los letrados de la Cámara, quienes han advertido de "posibles irregularidades", tanto por medio de informes escritos como verbalmente en las reuniones celebradas, aunque en uno de los aspectos de inconstitucionalidad que planteaban -la presunción de inocencia- ha mostrado su discrepancia y opción por la "coherencia" hacia el programa electoral. "Asumimos el riesgo de que bordee la legalidad", ha resumido.

Le ha replicado a la socialista el popular Sanz Vitorio, quien ha dedicado la primera parte de su intervención a agradecer su postura al PSOE y a poner en duda la legalidad de las enmiendas transaccionadas por Podemos y el Grupo Mixto, aunque ha justificado su firma a favor de que fueran tramitadas con el argumento de que él no está "obligado a evitar que hagan el ridículo". "No tengo ni la más repajolera idea de qué transacciones vamos a votar", ha ironizado.

Sobre los argumentos socialistas para que los alcaldes de Salamanca y León -Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván- elijan entre seguir siéndolo y ser procuradores sin esperar a la próxima legislatura, Sanz Vitorio ha negado que a través de una ley se pueda "quitar de en medio lo que no pueden hacer en las urnas".

"Nada impide que desde el punto de vista moral y político puedan irse, jurídicamente no se puede evitar pero políticamente y moralmente sí", ha insistido Barcones en su dúplica.

En su último turno, Sanz Vitorio ha proclamado su "mayor reconocimiento" desde "hace mucho tiempo" hacia el letrado que ha asesorado a la ponencia de esta ley y ha remarcado que esta ley se debe a que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, "de manera voluntaria se autolimita la permanencia en el cargo", mientras que la oposición "que siempre pierde" no se plantea dejarlo.

Tras la votación, el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, ha pedido intervenir para explicar el voto de su grupo y se ha atribuido el origen de esta norma por los acuerdos de investidura firmados con el PP, ya que ha negado que estas medidas se tomen por "iluminación repentina".

Ha reconocido que las medidas incluidas no tienen "ni el alcance ni la ambición" que C's hubiera querido, pero ha sostenido que "tan inútil" es el "rodillo" aplicado por el PP como la "actitud evasiva e infantil" del resto de los grupos, a los que ha espetado que la única oposición "constructiva" la ejerce su partido.