Ciudadanos y Podemos apoyarán al candidato del PSOE para que presida la comisión eólica

Ciudadanos y Podemos temen que esta vez ocurra lo mismo, al no haberse modificado el Reglamento de las Cortes que impida ser «juez y parte» al Grupo Popular, ya que las medidas de regeneración pactadas entre Cs y PP a propósito de las comisiones de investigación entrarían en vigor después de las ya creadas. Para el procurador José Ignacio Delgado, que protestó porque se había convocado para este lunes la comisión pero se trasladó al miércoles sin que se les hubiera avisado del cambio de fecha, «creemos que es lo más adecuado y esperamos que el PP tenga un cambio de actitud».

Insistió Delgado en que se les está impidiendo desde agosto poder seguir investigando sobre lo que consideran «el desfase de 32 millones en el parque empresarial de Portillo y el edificio de ADE en Arroyo, conocido como Perla Negra, y los 110 millones de comisiones en las adjudicaciones de los parques eólicos». «Queremos que haya responsabilidades políticas: es una tomadura de pelo que no se convoque y el primero en responder tiene que ser el presidente Herrera, que es el máximo responsable porque él eligió a sus consejeros, y debe explicar por qué se consintió este despropósito».

El representante de Ciudadanos, formación 'socia' del PP en el Gobierno de Castilla y León, subrayó que «vamos a dar pasos contundentes para exigir responsablidades» pero no aclaró si, de no cambiar la presidencia de la comisión, retirarán su apoyo al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera.

Pablo Fernández, que también votará mañana en la comisión de investigación para que sea presidida por el PSOE, manifestó que si no sale adelante esta propuesta y «el PP no rectifica» , su grupo se planteará abandonar la comisión, «porque es un paripé de teatrillo y una falta de respeto a los castellanos y leoneses».

Recusación

Durante el encuentro con los periodistas en las Cortes, Fernández también hizo referencia al caso de la exvicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, que será juzgada por un delito de alcoholemia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ya ha recibido los autos de los Juzgados de Arévalo y Toro, ya ha nombrado instructor para la procuradora, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal Ignacio de las Rivas. El portavoz de Podemos afirmó respecto de dicho magistrado que «no es que cuestionemos la independencia del juez ni que dudemos de la legalidad, a pesar de que existe cierto grado de parentesco de su mujer con el presidente Juan Vicente Herrera, pero si que creemos que debería de inhibirse y que lo llevara otro magistrado, porque fue nombrado por las Cortes a propuesta del Grupo Popular». A preguntas de los periodistas, Pablo Fernández manifestó que su grupo estudiará la posibilidad de plantear una recusación ante el ministerio fiscal, y puso como ejemplo a otros magistrados con vínculos expresos con el Partido Popular, como Enrique López, quien ha sido apartado de varias causas abiertas contra el PP al cuestionarse su imparcialidad.