La Fiscalía de Castilla y León lamenta que el sistema Lexnet y el expediente digital se hayan concebido «desde una perspectiva parcial»

La responsable de la Fiscalía de la Comunidad hizo estas declaraciones durante el discurso que pronunció en el Palacio de Justicia de Burgos con motivo de la apertura del año judicial 2016-2017 en Castilla y León. En el acto, indicó que la puesta en marcha de esos dispositivos digitales no se ha tenido en cuenta que las fiscalías son órganos de relevancia constitucional, que forman parte de la administración de justicia.

En este sentido, reiteró las necesidades tecnológicas que existen en el seno de la Fiscalía de la Comunidad, y lamentó que las mismas estén inadecuadamente atendidas porque de este modo no se puede garantizar el cumplimiento de la misión constitucional que tienen asignada los fiscales.

En esta realidad, dejó claro que los fiscales de Castilla y León asumen el reto tecnológico asignado, y por ello, las fiscalías de la región son las que ofrecen mayor grado de desarrollo de todos los proyectos de justicia digital del Ministerio. En concreto, puso el ejemplo de la fiscalía de Valladolid, que ha trabajado con un proyecto piloto en comunicaciones telemáticas. Asimismo, anunció que en este mes entra en funcionamiento un proyecto que va a unir las aplicaciones de gestión procesal de los juzgados y las Fiscalías.

Plazos de instrucción

En relación a los plazos de instrucción, Rodríguez apuntó que los fiscales han revisado con un escrupuloso respeto al plazo de seis meses todos los procedimientos penales de los que han tenido conocimiento, aunque la tarea no ha estado exenta de complicaciones debido al citado control de plazos impuesto.

Así, reiteró que el problema surge por la falta de atribución definitiva de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal, al tiempo que dejó claro que la actual regulación del proceso penal no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que le corresponde al Ministerio Fiscal en la tramitación en plazo de los procedimientos penales.