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Miércoles, 5 de octubre 2016, 14:44
El presidente del TSJ manifestó, minutos antes de abrir el año judicial, su orgullo por la actividad desplegada por los jueces y magistrados en 2015, al superar con mucho la media nacional. Según la estadística que avanzó Concepción, cada uno de los jueces de la ... comunidad dictó el pasado año una media de 350 resoluciones, casi una sentencia diaria «lo que prueba el trabajo ímprobo de los jueces para dotar de mayor seguridad jurídica al ciudadano y la defensa de los derechos individuales, así como la salvaguarda de la paz social, desde la independencia».
El magistrado pidió al Gobierno «a pesar de la interinidad» que amplíe la plantilla judicial, «seis años paralizada, primero por la crisis y ahora por el bloqueo».
La solemne apertura del año judicial 2015-2016 en Castilla y León ha tenido lugar este miércoles en el Palacio de Justicia de Burgos, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). El acto ha sido presidido por el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, y en el mismo también ha participado la fiscal superior de la comunidad autónoma, Lourdes Rodríguez.
Concepción ha señalado en su discurso que los ciudadanos deben saber que la Justicia funciona y que es el último resorte que tienen frente a las arbitrariedades que puedan llegar a sufrir en su vida. La ciudadanía puede y debe confiar en los Jueces y Magistrados. Su profesionalidad, su preparación, su espíritu de trabajo y, sobre todo, su independencia, sitúa a los Jueces españoles a la cabeza de los de nuestro entorno. Y eso tenemos que pregonarlo en un momento en el que la mayoría de las instituciones en nuestro querido país se tambalean en la credibilidad pública, ha afirmado.
Así mismo, el presidente del TSJCyL ha destacado que la Justicia en un Estado de Derecho debe estar por encima de los gustos personales y de las demagogias políticas y populares. Todos sabemos que es un recurso muy fácil etiquetar políticamente a un Juez o Magistrado cuando no satisface tal o cual gusto. Pero no se engañen. No existen los jueces políticos. No hay ningún punto de contacto entre uno y otro ámbito; ni siquiera uno solo. Ni tangentes ni secantes. Es a la Ley y sólo al imperio de la Ley a lo que Jueces y Magistrados están sometidos; así lo dice nuestra Constitución y así lo observa la Judicatura española con escrupulosa obstinación, ha dicho.
Concepción ha resaltado también en su discurso que la modernidad judicial se alcanza mediante la revolución digital y la mejora de las sedes judiciales pero también con una puntual atención al ciudadano. Esto no será posible ha señalado - si se perpetúa esta política que impide la necesaria creación de nuevas plazas judiciales. Seis años sin el más mínimo aumento de planta en este territorio supone dar una vuelta de tuerca más a las, de por sí, sobrecargadas oficinas existentes, impidiendo la actualización de las que transitan por dificultades y poniendo en grave riesgo las que funcionan a plena satisfacción.
Pese a la paralización que sufre la gestión gubernamental desde hace nueve meses por causa de unos y otros, el Gobierno debería satisfacer esta necesidad apremiante que se hace sentir en todo el mapa judicial español dentro de este año 2016, sin escudarse en su transitoria condición para no hacer frente a esta responsabilidad. Máxime cuando además de resultar una gestión imprescindible para el buen funcionamiento del Estado, constituye una ineludible decisión que tendría que avalar cualquier Ejecutivo que viniera a sustituirle, ha reclamado.
Cruz de San Raimundo
En el transcurso del acto, se ha impuesto al presidente de la Sala de lo Social con sede Valladolid del TSJCyL, el magistrado Gabriel Coullaut, la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden San Raimundo Peñafort. Número 1 del escalafón de la carrera judicial y con 44 años de servicio, Coullaut ha ido alternando destinos y cargos de responsabilidad desde sus comienzos en la Fiscalía de Bilbao hasta su paso por la Audiencia provincial de Palencia y por la Sala de lo Social.
A la apertura del año judicial han asistido los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya; el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca; el fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Martín-Granizo; así como magistrados miembros del Pleno de la Sala de Gobierno del TSJCyL, jueces, fiscales, letrados judiciales, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales.
Además han acudido, entre otros, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde; el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro; los senadores por Burgos, Arturo Pascual y Cristina Ayala; el diputado por Valladolid, Ignacio
Tremiño; el alcalde de Burgos, Javier Lacalle; el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico; así como representantes del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Universidad y de otras instituciones de Castilla y León.
Al solemne acto han asistido por primera vez representantes de las asociaciones vecinales de Burgos así como alumnos de Grado de Derecho de la Universidad de Burgos y de la Universidad Católica de Colombia, centros con los que el TSJCyL viene colaborando en los últimos años.
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