El aforamiento impide que el juicio rápido a Valdeón por seguridad vial se realice antes de 72 horas

En el caso de lo acontecido a Rosa Valdeón, dos son los hechos que se le pueden imputar. Por un lado, un delito de daños al vehículo del camionero, que podría derivar en un acuerdo por vía civil con las aseguradoras como interlocutoras, y otro por conducir un vehículo de motor bajo influencia de bebidas alcohólicas. A la espera de que se conozcan más detalles del atestado de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, el artículo 379 del Código Penal también recoge el castigo por conducción temeraria y con exceso de velocidad superior a la permitida.

Según explicaron fuentes judiciales, la ley considera delito tener una tasa de alcohol en aire espirado superior al 0,60 milígramos por litro en sangre, y la condena establece tres posibilidades a elegir por parte del autor: una multa de seis a doce meses, prisión de seis a dos años o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En todos los casos, al autor se le privará del permiso de conducir de uno a cuatro años.

El conductor tiene derecho a solicitar un análisis de sangre, y es la Guardia Civil la que acompaña al mismo hasta el centro de salud más próximo, o al hospital para efectuarlo. «En la mayoría de los casos, el afectado renuncia a este análisis, ya que los índices que se dan a las pocas horas no suelen variar mucho», explica un forense, que añade que el consumo de ansiolíticos produce somnolencia, pero no potencia el nivel de alcohol en sangre. «La tasa de alcoholemia viene determinada también por el peso y la masa corporal», puntualiza.

Cada fin de semana, los juzgados de Instrucción de la comunidad autónoma celebran decenas de juicios rápidos por infracciones a la Seguridad Vial. «Si el afectado se conforma con los hechos descritos en el atestado, las penas podrán tener una reducción de 1/3», explica un magistrado de Instrucción de Valladolid, que recuerda que en el caso de que el conductor sea persona aforada (políticos o jueces) el expediente pasa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

Al mantener su acta de procuradora de las Cortes de Castilla y León, la Sala de lo Civil y Penal, con sede en Burgos, será la encargada de resolver este procedimiento, pero no ya en la 72 horas. Este órgano, compuesto por tres magistrados, lo preside José Luis Concepción, y en los últimos 10 años ha visto dos causas con condena contra procuradores por diferentes delitos (daños y prevaricación urbanística), cuyos protagonistas no llegaron a celebrar juicio público al aceptar penas de conformidad.