M. J. Pascual
Viernes, 10 de junio 2016, 11:55
El instructor del caso Perla Negra ha dictado un auto en el que admite la personación del Partido Socialista como acusación popular en las diligencias que se siguen para esclarecer si hubo malversación en las operaciones urbanísticas de compra del edificio de ADE en Arroyo ... de la Encomienda y en los terrenos para el parque industrial de PLCortillo. Pero, como hizo antes con Manos Limpias, le impone el pago de un aval por la misma cuantía: 10.000 euros. De momento, el autodenominado sindicato de funcionarios públicos no está asistiendo a las declaraciones de los investigados, de forma que aún no habrá abonado la fianza al juzgado. Fianza que fue confirmada por la Audiencia de Valladolid. Previsiblemente, también el PSOE presentará recurso ante el tribunal vallisoletano contra la cantidad impuesta por el juez.
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En paralelo, el magistrado César Gil-Margareto ha denegado a la Junta de Castilla y León, en este punto de las diligencias, la apertura de una pieza separada para investigar el contrato a dedo con la sociedad Unifica, que se ocupó de la compartimentación del edificio y la señalética, así como otros trabajos de diseño interior, y que facturó por ello 4,4 millones de euros. Esta empresa figura en los papeles de Bárcenas y amuebló la sede central del PP en Madrid. También a instancias de la Fiscalía, el juez ha requerido a la Junta para que sus servicios jurídicos aclaren si puede haber «conflicto de intereses» en la personación de la Consejería de Economía como parte perjudicada en el procedimiento, a la vez que se ocupa de la defensa de algunos de los investigados, cargos y funcionarios de su departamento.
«Uno en dos sillas»
Para el ministerio fiscal, sí existe ese conflicto de intereses porque entiende que no se puede ejercer la acusación y al mismo tiempo, la defensa. Es una opinión compartida por algunos de los letrados de la causa. «No se puede estar sentado en dos sillas a la vez», indican gráficamente estas fuentes.
Hoy continúan las declaraciones de los investigados. Está previsto que comparezca Francisco Javier de Andrés Guijarro, secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, que ha desempeñado con anterioridad ocho puestos técnicos y jefaturas en la Junta relacionadas con el control financiero. Fue vocal del consejo de administración de ADE.
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