Atribuyen a Economía en exclusiva la decisión de comprar el edificio de la Perla Negra

Tanto el investigado como su letrado declinaron hacer declaraciones a los medios de comunicación al concluir al comparecencia en el juzgado, que se prolongó por espacio de media hora. Según fuentes del caso consultadas por Ical, el que fuera también director general de Economía de la Junta en 1992 -sin cargos de responsabilidad posteriores hasta que Villanueva lo propuso como miembro de Gesturcal en septiembre de 2008- aludió a la estrategia de inversiones a realizar por parte de la Consejería de Economía. En este sentido, recordó que estaba vinculada al desarrollo de suelo tecnológico empresarial diseñado por la Junta y la Agencia de Desarrollo Económico (ADE).

Las mismas fuentes precisaron que Rodríguez Segovia eludió a preguntas del juez que instruye el caso y del ministerio fiscal cualquier tipo de responsabilidad o participación directa en el alquiler del edificio de Arroyo y su posterior adquisición. Además, señaló que a las sesiones del Consejo de Administración de Gesturcal se acudía con un borrador previo -con modificaciones ya contempladas si es que hubiera lugar a ellas- y que la toma final de decisiones venía dada siempre por la Consejería de Economía.

A su vez, en su declaración indicó que no estaba al día de nada al residir en Madrid y que como consejero de Gesturcal se limitaba a incorporarse a las reuniones y a aprobar las adquisiciones si entendía eran positivas para la Junta. Asimismo, precisó que en la estrategia de desarrollo de suelo, según la documentación existente, figuran una serie de polígonos que la Junta decide adquirir para realizar inversiones dentro de la provincia de Valladolid, entre las que figura el parque empresarial de Portillo.

Según denunció en su día el Partido Socialista de Castilla y León en los jusgados, la Junta pagó por estos terrenos ubicados en Portillo (Valladolid) 35 millones de euros a unas empresas que habían desembolsado sólo diez un año antes, lo que supuso que el valor de las parcelas pasó de tres a 20 euros el metro cuadrado.

Coincidencia de testimonios

Javier Rodríguez Segovia se expresó en el juzgado en términos muy similares a los señalados el pasado lunes por el director general de Presupuestos y Estadística, José Armando Baeta Canales, y el de Industria e Innovación Tecnológica, Carlos Martín Tobalina. Los dos altos cargos de la Junta sostuvieron que la compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda fue una decisión que se tomó en la Consejería de Economía y no en el Consejo de Administración de Gesturcal, hechos por lo que se investiga la presunta comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos.

La investigación se inició, en octubre de 2014, tras la denuncia del Partido Castellano ante la Fiscalía de Castilla y León de la presunta comisión de delitos por parte de los responsables de las empresas públicas de la Comunidad denominadas Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación, durante los ejercicios 2010 y 2011. La denuncia se amplió el pasado mes de diciembre a más ejercicios y en ella se apuntaba la posible comisión de delitos por la presunta adquisición de terrenos para futuros polígonos industriales, a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500% en el precio inicial de los terrenos