Rafael Delgado: «Lo peor son las falsas imputaciones de mi antigua empresa, la Junta»

Pero este autónomo que se ha convertido en la bestia negra de la Junta, y que ahora tiene que buscarse la vida en Madrid porque aquí tiene las puertas cerradas, fue durante 15 años la mano derecha y el ejecutor de los proyectos del consejero más poderoso del Gobierno de Juan Vicente Herrera, Tomás Villanueva, quien también fue presidente del PP de Valladolid y casi tocó con las manos la Presidencia de la comunidad hasta que, en el último minuto, Juan José Lucas y José María Aznar optaron por el burgalés para suceder al primero de estos en el cargo. Si Villanueva era la cara de la Consejería, Rafael Delgado fue su más estrecho colaborador. Eso fue, al menos, hasta que saltó el caso Arroyo, que culminó con la condena y encarcelamiento por prevaricación del exalcalde independiente (antes del PP) de ese municipio, donde se levanta también el edificio Soluciones Empresariales, vulgo Perla Negra. Ahí coloca este experto en administración tributaria la brecha en la relación del ahora exconsejero y él.

Lo que él mismo denomina su «condena pública» le llega desde que el caso Perla Negra un apelativo que considera peyorativo y de mal gusto se focalizó en él como principal enlace entre la Consejería de Economía, ADE y empresarios de Castilla y León supuestamente implicados las operaciones urbanísticas del edificio de Arroyo de la Encomienda y la compra de los terrenos para el parque empresarial de Portillo, por no hablar de la supuesta trama eólica. «Evidentemente asevera, esto no ha ayudado a desarrollar mi nueva etapa profesional en condiciones de normalidad, pero ahí sigo. Tengo una familia de la que soy responsable y que me anima todos los días a seguir para adelante».

Rafael Delgado accede a recibir a El Norte de Castilla en el despacho de su letrado, Eleuterio Gordaliza, que le representa en el caso Perla Negra. Desde que la Fiscalía de Valladolid empezó la investigación en 2013, es la primera vez que se decide a hablar con un medio de comunicación.

¿Qué es lo peor que lleva de todo esto, además de la posibilidad de que sea procesado por el juez?

¿Lo peor? Uffff... Son muchas cosas. Tal vez sea la falta de colaboración y las falsas imputaciones de mi antigua empresa, la Junta de Castilla y León, en los hechos que se investigan, sin que al día de hoy nadie me haya llamado ni se haya puesto en contacto conmigo por ningún medio. Es algo que no logro entender después de 15 años de trabajo intenso, mío y de las personas que conmigo colaboraron para desarrollar lo mejor posible las tareas que se nos iban encomendando, de las que guardo la mejor de mis opiniones. Pero, con todo, lo peor es el daño que ha sufrido mi familia que, evidentemente, no tiene nada que ver en esto, y por la que tengo la obligación de luchar.

¿A usted le pareció siempre buena idea el edificio o le asaltaron dudas en algún momento respecto de la ubicación, el coste y los modificados?

La idea de buscar un edificio para agrupar unidades administrativas dependientes de la Agencia de Desarrollo o de entidades y empresas participadas por ella que se encontraban dispersas ocupando diferentes oficinas en régimen de alquiler surgió del presidente de la Agencia de Desarrollo, que por Ley era el consejero de Economía y Empleo. Esto sucedió en la legislatura 2003-2007. Posteriormente, en la legislatura 2007-2011 se añadió a esta necesidad la de agrupar también en ese edificio las direcciones generales dependientes de la Viceconsejería de Economía. Ambas decisiones se tomaron por quien podía tomarlas, el titular de la Consejería que, evidentemente, no era yo en ninguno de los dos periodos mencionados, y con conocimiento, comunicación y autorización de la Consejería de Hacienda.

¿Quién fue el artífice de la idea, primero del arrendamiento (por 65 millones) y luego de la compra (por 52,2, según la Junta)?

La decisión de acudir a una compra en lugar del alquiler también fue de la misma persona, que lógicamente comunicaría tales decisiones tanto a la Consejería de Hacienda como al propio Gobierno de la comunidad. En este contexto, y con las pertinentes instrucciones que tuvimos todos los que desempeñábamos alguna responsabilidad en la propia Consejería, en la ADE y sus empresas participadas, actuamos para cumplir ese mandato de la mejor manera posible, defendiendo los intereses de la comunidad. Capitalizar las rentas que los diferentes organismos estaban pagando por el alquiler de sus oficinas para comprar un edificio utilizando financiación privada, en aquel momento, desde luego era la mejor de las opciones posibles que había sobre la mesa. En cuanto a la ubicación, a mí me hubiera gustado, como supongo que también a las personas que tuvieran que trasladarse a ese edificio y que les viniese peor esa ubicación en relación con sus domicilios, que hubiera sido posible una ubicación más céntrica, y que las gestiones que se hicieron por parte de los responsables de la ADE para ello hubieran dado sus frutos, pero no fue así.

¿Y sobre la cifra final del edificio?

Yo desconozco cuál es la cifra final en la que se incurrió, ya que nunca se informó de ella al consejo de administración, al menos en el periodo en el que yo fui miembro del mismo. La cifra final es consecuencia de la compra del edificio, de los cambios en su estructura por la conexión de las dos alas del edificio que inicialmente se habían pedido separadas, de los cambios en la ubicación de las entidades y su repercusión en la climatización y la iluminación de los puestos de trabajo. Las decisiones sobre división y señalización del mismo, el montaje de una cafetería, que inicialmente no estaba prevista, o cualquier otra decisión que se pudiera haber adoptado por quien correspondiera, decisiones que evidentemente no me correspondía a mí tomar, y que por lo tanto yo no tomé, que tampoco conocí ni participé en ellas, habrán conformado la cifra final de coste. La empresa lo tendrá contabilizado en su cuentas anuales, que habrán sido aprobadas por la junta general de la sociedad, con los pertinentes informes de la auditoría de cuentas realizados por la empresa auditora independiente. Por lo tanto, será esa la cifra del coste final del edificio, la que aparezca recogida en sus cuentas anuales, como no puede ser de otra forma.

Dos tasaciones

Cómo valora usted el precio de 52,2 millones de euros que reconoce la Junta. ¿Es ese el precio real que se ha pagado o ha costado casi nueve millones más?

El precio en que realmente incurió la empresa por la compra y adecuación del edificio será el que aparezca en sus cuentas anuales, aprobadas e inscritas en el Registro Mercantil, como acabo de decirle. Y por lo tanto, recogerá el precio de compra en los términos recogidos en el informe de valoración realizado por la empresa tasadora, más todas las demás adecuaciones e inversiones realizadas en el mismo. En relación con el precio de compra, se respetó lo que se recogía en la tasación. Por expreso deseo del titular de la Consejería, se pidió a la empresa tasadora que su informe de valoración no recogiera el importe de los gastos financieros en que había incurrido la empresa constructora durante el periodo de construcción, así como otros gastos cuya naturaleza ahora mismo no recuerdo, pero que están expresamente reflejados en su informe de valoración. De esta forma, la empresa tasadora emitió dos informes, uno de 58 millones de euros, (en cifras redondas, ya que no recuerdo exactamente la cifra completa), y otro de 52 millones (también en cifras redondas), sin tener en cuenta la inclusión de esos gastos, ciertos y existentes, en la valoración del edificio que se le solicitaba. De la misma forma que se le pidíó también a la empresa auditora una valoración con y sin los contratos de alquiler, por expreso deseo del titular de la Consejería de Economía. A su vez, esta cifra de los 58 millones viene además a coincidir con la que hace el perito judicial en su informe presentado al Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid. Luego, no hay diferencias entre la valoración que hizo la empresa tasadora para ADE Parques en el año 2009 y la que hizo el perito judicial para el Juzgado en 2015, a pesar de que median seis años entre ambas valoraciones.

La Junta decide personarse en el caso Perla Negra (en una pieza separada) porque entiende que hubo perjuicio para la Administración, y le señala a usted como firmante de las facturas que suman 4,4 millones de euros presentadas por Unifica por la compartimentación de los despachos y la señalética, básicamente. Empresa que amuebló también y por las mismas fechas la sede del PP en Génova y que figura en los papeles de Bárcenas.

Sí, he conocido esa decisión que al parecer justifica su solicitud de personación en la causa, y que por lo tanto, el juez decidirá al respecto lo que entienda oportuno. Lo que yo puedo decir como ya tuve ocasión de manifestar públicamente el día en que se divulgó la noticia es que yo no encargué a esta ni a ninguna otra empresa que hayan realizado obras o prestado servicios en relación con ese edificio, por no ser de mi competencia tales encargos, ni he participado en ninguna fase o actuación que haya dado lugar a la generación de tales gastos. Me he limitado a firmar los pagos que me proponía la dirección de la empresa, por ser competente para ello en base a los poderes otorgados por el consejo de administración. Yo no participé en la definición de la necesidad de la contratación de las mamparas y señalética del edificio, ya que la Secretaría General no fue objeto de traslado (al edificio de Arroyo) ni nunca se planteó esa posibilidad. Como es lógico, las necesidades de división y señalización estaban directamente relacionadas con las entidades y unidades administrativas que se trasladaron y sus requerimientos de división, siendo además, como fue, un traslado paulatino de la mismas y no de golpe. Tampoco participé en las visitas a distintos tipos de oficinas que se hicieron para analizar diferentes modalidades de divisiones. Ni participé en la elección del tipo de mampara que finalmente se eligió de entre las diferentes propuestas de mamparas que se instalaron en el edificio para la elección de la más adecuada.

¿Y en los expedientes?

No participé en la tramitación de ningún expediente administrativo para su contratación, ni en su decisión de hacerlo mediante un sistema de contratación directa (que al parecer se utilizó, según ha manifestado la Junta) o de cualquier otro admisible en derecho. Ni en la selección de la empresa que hiciera tales trabajos de estudio de las propuestas y de división mediante mamparas o cualquier otro elemento. Ni he conocido ni tenido contacto alguno con la empresa a la que se encargó esos servicios que usted menciona. Y tampoco en la recepción de los trabajos de división interna y señalización del edificio efectuados por esta empresa, ni de ninguna otra empresa que haya realizado cualquier tipo de actuaciones en el edificio. Por lo tanto, y dado que todos esos pasos fueron necesarios para que la empresa realizara esos servicios y exigiera el pago correspondiente a sus servicios, y en los mismos yo no participé, difícilmente pude causar un perjuicio a la Administración como consecuencia de los mismos, y mucho menos por no haber realizado expediente de contratación a través de una concurrencia pública, ya que no eran funciones que yo tuviera encomendadas en la empresa.

Usted recalca que, como secretario de la Consejería de Economía, nunca tuvo poder de decisión. Entonces, ¿por qué cree usted que está en el punto de mira? Si no lo tenía usted, ¿quién lo tenía?

Bueno, al parecer ya no soy el único que afirma lo mismo, ya que algún compareciente en esta fase de investigación judicial, con suficiente fundamentación jurídica, también manifiesta lo mismo (en relación a la declaración del delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo). Y no solo es una cuestión de opinión, sino de legalidad: las competencias de las secretarías generales y de sus titulares están tasadas en la Ley de Gobierno, son las que son, y en una Consejería con todos sus centros directivos adscritos a dos viceconsejerías, una de Economía y otra de Empleo, aún son mas limitadas que en otras. Yo he estado en el punto de mira, porque, ante una falta de asunción de responsabilidades, lo más fácil es echar la culpa al que no está, y que además no se entera de los informes que durante años se han estado haciendo.

Su nombre es recurrente en los informes de la Agencia Tributaria, tanto en los que obran en poder del instructor del caso Perla Negra, como en el ya famoso que está en la Fiscalía Anticorrupción, que investiga la trama eólica (de supuesto cobro de 110 millones de euros en comisiones por cargos y excargos de la Junta y empresarios de Castilla y León por autorizaciones de parques eólicos). También se le menciona, junto con el empresario Alberto Esgueva, amigo suyo, en otros informes de la Unidad de Delitos Económicos, como el nexo de ambas tramas. ¿Va a ser todo una invención de los inspectores de Hacienda y de la Policía Judicial?

Los informes los hacen las personas, no las instituciones, y si alguien analiza qué personas estaban al frente de las investigaciones en cada entidad y habla con alguna de ellas, como yo tuve la ocasión de hacer, te das cuenta de que no solo están en conexión, sino que actuaban ­coordinadamente. Tratar de conectar mi actividad profesional o privada, posterior o anterior a mi salida de la Consejería en junio del 2011, con actuaciones que tuvieron lugar desde 2003 cuando yo estaba en ella es un ejercicio inútil: mis bienes y actividad económica están declarados ante la propia Junta de Castilla y León que ya dijo en 2015 que no adverta ningún tipo de enriquecimiento y en la propia AEAT. Desconozco lo que dice el informe de una persona de la Agencia Tributaria que al parecer es el centro de todo este embrollo, y al que no he podido tener acceso por tener carácter confidencial. Una persona ante la que comparecí voluntariamente en diciembre de 2014, y al que di todo tipo de explicaciones que me solicitó, poniéndome a su disposición. Según él ha manifestado luego, en su informe no dice que él haya detectado el cobro de comisiones ilegales ni la comisión de ningún delito, ni que yo haya podido ser perceptor ni beneficiario de las mismas, que esto es cosas de los políticos, que lo lían todo. Por lo tanto, mientras no tenga acceso a ese informe, estoy en situación de absoluta indefensión. Y cuando disponga del mismo, si fuera verdad que recoge lo que publican los medios de comunicación, actuaré en consecuencia.

Licencias eólicas

¿Se enriqueció usted a cuenta de la concesión de parques eólicos?

Yo no tengo nada que ver con las operaciones societarias y sus contrapartidas económicas que hayan podido realizar empresas eólicas, sus accionistas, ni de ninguna empresa que haya tenido relación con la Administración de Castilla y León. Tampoco he tenido conocimiento de las operaciones que, al parecer, menciona ese informe, ni creo que ellas hayan sido las únicas que se hicieran en este sector, durante muchos años líder en inversión en este país. Ni tengo que ver con que los desarrollos tecnológicos y las primas que impuso el Gobierno de la nación dieran lugar a los movimientos accionariales que se produjeron en el mismo.

¿Cuál fue entonces su papel?

Mi actuación se limitaba a la firma de una de esas autorizaciones, cumpliendo una instrucción de la Dirección General de Energía, que además era un acto debido si el promotor había obtenido el resto de autorizaciones necesarias para llegar hasta ese estado de la tramitación. Así que no conllevaba ninguna capacidad discrecional, y la obtención de la misma no eximía al promotor de seguir con el resto de trámites administrativos necesarios para la obtención del resto de permisos para poder iniciar la instalación y construcción de los parques. Yo no autorizaba la construcción de parques eólicos en Castilla y León, no he participado en ninguna trama, ni eólica ni de ningún tipo. Ni tuve el monopolio de la amistad con Alberto Esgueva, con el que no guardo relación desde febrero de 2006, ni me he beneficiado de sus actividades profesionales ni privadas, ni de ninguna de las personas que se mencionan en el informe. Los informes que están en el procedimiento no son correctos y así lo he manifestado en sede judicial y, si no son completados o corregidos, no me dejarán otra salida que dirigirme judicialmente contra quienes los han realizado.

Usted cree que hay un complot o una estrategia orquestada para echarle el muerto desde antes de que se instruyera el procedimiento judicial. ¿A quién beneficia?

Evidentemente, ha habido una falta de comunicación de la Junta hacia mí en relación a las actuaciones judiciales que se estaban practicando y los informes que estaban elaborando, que yo he conocido a partir de marzo de 2015 al personarme en la causa. Esto ha permitido buscar conexiones y justificaciones a las otras personas de entidades que desde 2012 estaban practicando sus comprobaciones y averiguaciones y llegar a conclusiones alejadas de la realidad. La falta de transparencia puede beneficiar temporalmente a las personas que no la practican y perjudicar a otras, pero el tiempo nos pone a todos en nuestro lugar.

Si, como usted sostiene, ni hay sobrecoste ni malversación porque el edificio no lo paga el erario regional, sino que lo financia una entidad bancaria, ¿se pondría usted a disposición de la Fiscalía?

Yo no sostengo tal cosa. Yo lo que digo es que no conozco la existencia de esos sobrecostes o malversaciones, que la operación que se hizo era la mejor posible para la comunidad autónoma y que, además, se realizó con los fondos aportados por una entidad financiera, por lo que difícilmente podría haber habido malversación de fondos públicos si lo que se utilizó fueron recursos prestados de esa entidad, que supongo que analizaría y aprobaría esta operación siguiendo sus criterios de valoración y de oportunidad. Por supuesto, yo estoy a disposición de la Fiscalía si esta lo considerara oportuno. De hecho, mi letrado presentó el año pasado dos amplios escritos ante el Juzgado contando esto y no hemos obtenido ninguna contestación al respecto.

El presidente Herrera ha refrendado la operación de compra del edificio y su confianza en su equipo, y se ha puesto a disposición del juez. ¿Qué valoración realiza de este paso del jefe del Ejecutivo?

Yo no soy quien para valorar las actuaciones o declaraciones del presidente pero, ya que usted me lo pregunta, me parecen correctas y adecuadas. En lo que no puedo estar de acuerdo con él es en la decisión de su Gobierno de apuntarme con el dedo como responsable de posibles perjuicios a la Administración.