La Junta actualizará el acuerdo de reserva de contratos para ampliarlo a las empresas de inserción socio-laboral

La consejera de Familia también subrayó la prioridad que supone para la Junta el apoyo a las personas con discapacidad y resaltó que desde la puesta en marcha las clausulas sociales, en septiembre de 2012, hasta finales de 2015, se han adjudicado 5.434 contratos que incorporaban clausulas sociales por un importe de casi 588 millones de euros, lo que supone un 64,04 por ciento del importe total adjudicado.

En este sentido argumentó que el apoyo a las personas con discapacidad debe traducirse tanto en una atención de calidad como en clave de derechos, para que puedan desarrollar proyectos vitales y con el objetivo del empleo como herramienta básica de inserción. Así, afirmó que el compromiso de la Junta se hace efectivo mediante la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública que, con carácter vinculante a toda la Administración Autonómica, obliga a incorporar aspectos de política social en los procedimientos de contratación pública que generen oportunidades de empleo para los discapacitados.

García también argumentó que la incorporación de criterios de responsabilidad social en las decisiones de compra y contratación se convierten en "instrumentos de cohesión necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades, participación e inclusión social de las personas con discapacidad. Esto se realiza a través de dos actuaciones fundamentales. Por un lado, estableciendo cuotas obligatorias de reserva de contratos destinados a Centros Especiales de Empleo y, por otro, mediante la incorporación de cláusulas sociales en las distintas fases de la contratación pública general", aseveró.

Castilla y León cuenta con 195 Centros Especiales de Empleo repartidos en 237 centros de trabajo, que dan ocupación a 4.683 personas con discapacidad y desde septiembre de 2012, cuando la Junta asumió el compromiso de reservar anualmente el 6,5 por ciento del importe total de los contratos de la Administración autonómica para estos centros, hasta finales de 2015, se han adjudicado 1.332 contratos reservados por importe de 18,8 millones de euros, que suponen un 21,04 por ciento del importe total adjudicado.

Además de las reservas de contratos para Centros Especiales de Empleo, García explicó que el acuerdo trata de impulsar en las empresas una visión más social. Para ello, la Junta prima a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, valorándose aspectos como que las plantillas cuenten con personas con discapacidad.

Contratación responsable

La consejera de Familia también se refirió a que los buenos resultados obtenidos de la aplicación de este acuerdo animan a incorporar los aspectos sociales a otros ámbitos de la actividad administrativa, como son las subvenciones y convenios.

Por otra parte, García destacó también el acuerdo para la creación de un Banco de buenas prácticas, con el objetivo de fomentar la incorporación de los aspectos sociales al gasto público. A través de esta herramienta se recogerán las experiencias existentes en las distintas administraciones de Castilla y León, con el fin de que sirvan de orientación y asesoramiento en su aplicación y desarrollo a aquellas entidades públicas que las vayan a implantar en sus sistemas de contratación.