La mesa de contratación expresó sus «dudas» sobre el edificio de Arroyo a la directiva de ADE

Las declaraciones

El presidente de la mesa. José Antonio Mediavilla Martín. Trabajador laboral, lleva en la Agencia desde 1997. Entró como jefe de la unidad de presupuestos y contabilidad, pasó a ser jefe de auditoría interna y coordinador del área de presupuestos en 2005, cuando salió a licitación pública en el Bocyl el proyecto de un edificio que albergara las oficinas y servicios de ADE.

Asegura que se enteró de que se buscaba un edificio para un cambio de sede (estaban en Duque de la Victoria) días antes de la publicación del 30 de diciembre de 2005. Los pliegos, afirmó, se elaboraron ese mes.

Aunque el concurso tendría que haberse realizado conforme a la Ley de Patrimonio de Castilla y León, que fija un plazo de 30 días para presentar los proyectos, se hizo en 15 días, como si fuera por la Ley del Sector Público. Al respecto manifestó que si ocurrió eso fue debido a «ignorancia técnica» y debido a las instrucciones que les dieron.

Respecto del proyecto con toda la documentación que presentó Urban Proyecta en tan breve plazo expresó que «es imposible preparar esto en 15 días. Tenía que estar elaborado de antes para que les diera tiempo a presentarse».

Como sus compañeros de mesa, aseguró que hubo muchas dudas porque en el informe de tasación presentado por la empresa «no había criterios comparables, las horquillas de precios eran muy amplias y el edificio no estaba hecho». Por eso, indicó, pidieron otros informes más. ¿Por qué no declararon desierto el concurso? les preguntó la fiscal jefe. Porque cumplía las condiciones del pliego, aunque incluyeron en el contrato que una sociedad de tasación valorase el edificio una vez construido.

El contrato solo duró unos días. Urban rescindió el contrato porque se incluyó esa condición en el pliego. El 3 de julio de 2006 se archivó el expediente, pero el 7 de julio de 2006 ADE se lo pasó a Gesturcal y se realizó el contrato (ya no de arrendamiento, sino de compra) por adjudicación directa, con la misma empresa.

Juan José García Arce. Actual secretario general de ADE. Entonces era jefe de área de auditoría interna y tenía un contrato laboral indefinido. Señaló que el presidente de la Agencia, Tomás Villanueva, era quien eligió a los miembros de la mesa para contratar un nuevo edificio, porque las necesidades de cambiar de sede se conocían desde hacía un año, aunque no existen documentos que lo corroboren. La tramitación se puso en marcha en diciembre de 2005.

Confirma que sí había un borrador del pliego de condiciones. Que no era urgente la contratación porque, de serlo, el plazo podría reducirse de 30 a 15 días pero para ello tiene que haber un informe previo. Urban presentó el proyecto íntegro, con los informes de tasación. Considera difícil valorar un edificio sin construir, pero no se dejó desierto el concurso porque el proyecto cumplía las condiciones.

¿Las dudas sobre el proyecto se las trasladó a los altos cargos? Sí.

Alberto Buitrago. Técnico de la sección de contratación en 2005 y se encargó de «montar» el expediente. Asegura que no reparó en que el plazo para que pudieran concurrir empresas tenía que ser de 30 y no de 15 días, y que no era urgente.

Tomás Prieto. Funcionario desde hace 25 años, estuvo en ADE como contratado laboral. Le llamó Carlos Díaz (director de Organización y Modernización) para su departamento. En ese momento Rafael Delgado era el secretario de la Consejería de Economía y había «una dependencia directa». Afirma que los directores de ADE estaban en la Consejería como altos cargos directivos.

Relató que puso fin a su relación laboral en la Agencia y volvió a la Administración. Había llegado siete meses antes de la publicación de la licitación en el Bocyl.

Asegura que ADE buscó otros edificios, como el Colegio del Salvador, uno que está junto a la Consejería de Familia y una parcela en Villa del Prado. No recuerda que Urban Proyecta tuviera vinculación alguna con los propietarios del Colegio del Salvador.

También coincide en que hubo muchas reuniones de la mesa porque les «chirriaba» el informe de tasación y pidieron otros dos a Atinsa. Las dudas se las trasladó a su superior.

Virgina Santamaría. Funcionaria destinada sucesivamente en León, Valladolid y Burgos. Estaba en excedencia y vino a Valladolid como técnico de apoyo a Carlos Díez. Aseguró desconocer el estudio técnico y de la publicación y el pliego se encargaba el departamento de contratación. Desconoce la relación entre ADE y Gesturcal. La plaza de técnico de apoyo desapareció al poco tiempo y regresó a Burgos.