Castilla y León cierra filas para exigir más financiación al Gobierno central

El documento se articula en cuatro líneas: la necesidad de una financiación justa y suficiente, el reparto equitativo del peso del déficit público, la armonización fiscal entre los ciudadanos de los diferentes territorios y la lealtad institucional en las decisiones que toma el Gobierno central y que conllevan un gasto para las comunidades.

Todos los grupos coinciden en la necesidad de que se tengan en cuenta cuestiones que en Castilla y León encarecen la prestación de servicios, como es el envejecimiento de la población (con repercusión en el gasto sanitario y social, caso de la Dependencia), la dispersión de los habitantes y su distribución en pequeñas localidades y la extensión territorial.

Juan Vicente Herrera aseguró que la Junta buscará alianzas con comunidades que pueden compartir criterios de distribución de fondos con Castilla y León y ha avanzado que ya ha habido contactos con el Gobierno de Asturias que presidente el socialista Javier Fernández.

Por poner un ejemplo, en el año 2015 los ingresos que llegaron de las arcas estatales a través del modelo de financiación autonómica supusieron para Castilla y León un agujero de más de 400 millones de euros en el gasto para afrontar las partidas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Eso sin contar con que la Junta debe afrontar el coste de otras competencias.