La Junta cedió en tres años 126 viviendas a familias ante un desahucio inminente

La Junta puso en marcha esta servicio, que forma parte de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León, cuando la crisis comenzó a dejar en el paro, y en la calle, a muchas personas en la comunidad. Hace tres años. Y en este tiempo, los resultados son objetivamente positivos. Desde su puesta en marcha, explicó ayer en rueda de prensa Alicia García, hasta finales de 2015 el Servicio Integral ha atendido a 4.149 familias; lo que significa acercar ayuda a más de 11.500 personas. A todas las familias atendidas en este primer nivel de actuación, «se les prestó asesoramiento y apoyo y se analizó su situación económica y social. Al 22,5% de estas familias también se les elaboró un plan de economía familiar que permitió solventar el problema». La consejera también explicó que el 83,3% de los casos concluidos a 31 de diciembre de 2015, en concreto 3.450, se cerraron «con éxito en una solución viable a través de la interlocución con la entidad financiera y se ha finalizado el proceso». En el resto de las situaciones, el 16,7 %, si no fue posible la reestructuración del préstamo o poner en marcha otra solución con la entidad financiera como la dación en pago, la Junta aplicó otras medidas, generalmente de recursos sociales que, en todo caso, impidieron «que se produjeran desalojos forzosos y evitaron que estas situaciones se diesen en situación de desamparo para las familias».

Cuando toda la red integral de la Consejería de Familia no logra resolver un caso; bien porque ya estaba en marcha el alzamiento, o por problemas internos de la familia como divorcios en ciernes que no permiten un acuerdo sobre las soluciones... cuando este amparo no es posible, la solución, el último recurso, llega de la mano de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de su banco de viviendas. Según explicó ayer el responsable de este departamento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fue necesario en 126 situaciones.

Alicia García repasó asimismo en este balance que de los citados 3.450 casos concluidos: «1.742 se cerraron sin necesidad de interlocución» por parte de los técnicos de la consejería y 1.708 precisaron de este arbitraje con las entidades financieras. Los resultados fueron variables. Así, la reestructuración viable de la deuda fue la solución mayoritaria, en casi la mitad de los casos, y la minoritaria la dación en pago, solo en el 7,3% de los expedientes cerrados. Otros y variados acuerdos, como la venta de la vivienda, suspensión de lanzamiento, retirada de demandas, reestructuración o carencia sin elevación a público mediante acuerdo privado o supresión de cláusulas que permiten abonar la hipoteca, suman el 15,3% del total. Para 203 familias se pudieron cerrar los expedientes de interlocución al producirse mejoras en las circunstancias económicas, al encontrar empleo o ayudas, que posibilitaron rehabilitar los préstamos y normalizar las situaciones.

Más necesidades

La integralidad de este servicio, insistió Alicia García, «se comprueba en el hecho de que, en el caso de 902 familias, los profesionales detectaron a través de la intervención otro tipo de necesidades, además de la propia de la vivienda por la que habían acudido al servicio; lo que ha posibilitado la generación de otro tipo de prestaciones, en total fueron 1.939. Entre las ayudas concedidas, hay 655 rentas garantizadas de ciudadanía, 44 servicios de vivienda, 487 servicios sociales-CEAS, 47 de sanidad, 184 de empleo, 174 con el tercer sector-ONG y 348 de justicia gratuita», repasó.

En lo referente a la evolución de la demanda, hay un descenso del 32,8%. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística indican una reducción de más del 36% del número de ejecuciones hipotecarias en Castilla y León durante el periodo 2014-2015. Este dato sitúa Castilla y León como la comunidad, según destacó la consejera, «con mayor porcentaje de reducción para ese periodo, descenso que es muy superior a la media nacional, que se sitúa en el 13,34%».

Durante ese mismo periodo el Servicio Integral atendió 3.506 casos. Esta cifra de casos atendidos en relación con las 2.622 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de particulares iniciadas, desde enero de 2014 hasta diciembre de 2015, supone un nivel de cobertura del servicio «muy alto», dado que no todos los casos atendidos se encontraban en fase de ejecución hipotecaria. Además de la elevada cobertura, Alicia García destacó «el valor preventivo del programa como ponen de manifiesto los porcentajes de disminución de ejecuciones hipotecarias que en el último trimestre de 2015, respecto el mismo trimestre de 2014, presenta una reducción de casi el 60%. «Por cada cien insistió en Castilla y León en el periodo 2014-2015 se han abierto más de 80 interlocuciones con entidades financieras». Además, «hay otro dato que nos permite corroborar esta afirmación destacó como es la elevada utilización del Código de Buenas Prácticas), que permite la reestructuración u otras fórmulas de protección de los deudores hipotecarios, con un 105%, de utilización es decir 2.750 solicitudes frente a 2.622 ejecuciones hipotecarias, frente al 55% del ámbito estatal».

El consejero de Fomento, recordó en este balance que «este programa se suma a una larga serie de iniciativas adoptadas en los últimos años, siempre en coordinación y bajo el liderazgo de la Consejería de Familia. Así, «ya en el año 2012 se paralizaron de forma cautelar los procesos de desahucio administrativo en relación al parque público de viviendas protegidas, integrado por unas 12.000 viviendas, con un porcentaje de morosidad del 15%».

Al año siguiente se promovió la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en vivienda. Así, se ampliaron los colectivos para acceder a una vivienda protegida, incluyendo, entre otros, a las familias con ingresos hasta 1,5 IPREM, en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo o paro, entre otros.