La demanda del servicio ‘antidesahucios’ de la Comunidad se reduce un 32,8% en 2015 con 1.139 nuevos casos

Los consejeros de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Fomento y Medio Ambiente, Alicia García y Juan Carlos Suárez-Quiñones, quienes hicieron balance del servicio puesto en marcha hace ya más de tres años por la Comunidad, que fue puesto como ejemplo de actuación por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. También, este programa, que ofrece una respuesta integral, fue reconocido por la ONU. Además, será recogido en la ley sobre la red de protección a las familias, un compromiso de legislatura.

En concreto, este servicio recibió en 2015 un total de 1.139 nuevos casos, frente a las 1.696 de 2014. De la misma forma, el número de actuaciones pasó de 2.702 a 1.580, lo que se traduce en un descenso del 31,53 por ciento. Alicia García destacó el carácter preventivo de este servicio de Castilla y León, que cuenta con 30 oficinas, gracias a la colaboración de 15 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones. Además, colaboran los órganos judiciales y de 45 entidades financieras.

Al respecto, García valoró la disposición de las entidades financieras para ofrecer una solución a las familias que se encontraban en dificultades. De hecho, señaló que por cada 100 ejecuciones hipotecarias en Castilla y León en el periodo 2014-2015 se abrieron más de 80 interlocuciones con entidades financieras. Además, valoró la elevada utilización en Castilla y León del Código de Buenas Prácticas (CBP), que permite la reestructuración u otras fórmulas de protección de los deudores hipotecarios, con un 105 por ciento, de utilización es decir 2.750 solicitudes frente a 2.622 ejecuciones hipotecarias, frente al 55 por ciento del ámbito estatal.

Al respecto, la titular de Familia puso en relación esta evolución con la que han experimentado las ejecuciones hipotecarias o lanzamientos de viviendas, que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), han experimentado una caída del 36,3 por ciento en la Comunidad, frente al 13 por ciento de la media nacional. Durante ese periodo, el servicio de la Junta, que cuenta con apoyo de entidades del tercer sector, atendió a 3.506 casos, frente a las 2.622 ejecuciones contabilizadas sobre particulares. Además, en el último trimestre del pasado año, en relación al mismo periodo de 2014, se redujeron las ejecucciones casi un 60 por ciento.

Por ello, Alicia García destacó que el servicio presenta una cobertura muy alta, que se complementa con las ayudas para el abono de las deudas, dotada con cinco millones y que ha sido otorgada a 1.546 familias desde 2013. Además, la Junta cuenta también con subvenciones para el pago del alquiler por una situación de emergencia, que con 6,8 millones, se concedieron a 10.092 personas. También, Fomento cuenta con una red de viviendas de último recurso cuando el ciudadano tiene que abandonar su vivienda, que desde 2013 cuenta suma 126 actuaciones singulares.

Tres años

El Servicio Integral ha atendido a 4.149 familias, lo que significa que se ha ayudado a más de 11.500 personas, desde su creación, en noviembre de 2012, hasta finales de 2015. A todas las familias se les prestó asesoramiento y apoyo y se analizó su situación económica y social. Así, Alicia García explicó que al 22,5 por cientose les elaboró un Plan de Economía familiar. También, remarcó que el 83,3 por ciento de los casos concluidos a 31 de diciembre de 2015, 3.450 casos, se cerraron con una solución viable a través de la interlocución con la entidad financiera. En el restante 16,7 por ciento de los casos, aun cuando no fue posible la reestructuración del préstamo o poner en marcha otra solución con la entidad financiera, se actuó con otras medidas, generalmente de corte social que, en todo caso, impidieron que se produjeran desalojos forzosos.

De los 3.450 casos concluidos, 1.742 se cerraron sin necesidad de interlocución y 1.708 concluyeron con intervención de las entidades financieras. La reestructuración de la deuda fue la solución mayoritaria, en casi en el 50 por ciento de los casos, y la minoritaria la dación en pago, sólo en el 7,3 por ciento de los casos cerrados. Otros acuerdos, como venta, suspensión de lanzamiento, retirada de demandas, reestructuración o carencia sin elevación a público mediante acuerdo privado, o supresión de cláusulas que permiten abonar la hipoteca, suman el 15,3 por ciento del total casos.

Además, en 203 casos se pudieron cerrar los expedientes de interlocución al producirse mejoras en las circunstancias económicas familiares que posibilitaron rehabilitar los préstamos y normalizar las situaciones. También, la consejera de Familia remarcó la integralidad del servicio, ya que en el caso de 902 familias, los profesionales detectaron a través de la intervención otro tipo de necesidades, lo que dio lugar a otro tipo de prestaciones, en total, 1.939. Entre ellas se encuentran 655 rentas garantizadas de ciudadanía, 44 servicios de vivienda, 487 servicios sociales-CEAS, 47 de sanidad, 184 de empleo, 174 con el tercer sector-ONG y 348 de justicia gratuita.

Respecto al perfil de las personas que han acudido al Servicio desde su puesta en marcha, el 48,8 por ciento fueron hombres y un 51,2, mujeres. En cuanto a edad, el 60 por ciento están en la franja comprendida entre los 35 y los 55 años, con una media de 46 años. Además, el 53,1 por ciento de las personas atendidas vivían en pareja, siendo además la nacionalidad mayoritaria la española para el 88 por ciento. estudios de ESO, FP y Bachillerato, el cinco por ciento cuenta con estudios universitarios y dos tercios de las personas atendidas contaba con Graduado Escolar o inferior. La mitad de las familias atendidas residían en municipios de menos de 20.000 habitantes y en la mayoría de los casos se detectó la necesidad de reincorporación al mercado laboral.

Nuevas medidas

La consejera de Familia destacó que el proyecto de ley sobre la red de protección a las familias, que verá la luz en esta legislatura, ofrecerá una garantía de atención con este servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. También el consejero de Fomento destacó que la Junta ha prorrogado durante dos años las medidas urgentes que contenía una ley aprobada en 2013, tras la entrada en vigor de otro decreto anterior.

Esta actuación de la Junta permitió, según recordó Suárez-Quiñones, ampliar los colectivos de especial protección incluyendo personas afectadas por expedientes de Regulación de Empleo (ERE), familias con todos sus miembros en paro y deudores hipotecarios que se encuentren en un procedimiento de lanzamiento.

También destacó otras como la paralización de desahucios sobre viviendas de titularidad de la Junta, que en conjunto presentaban una morosidad del 15 por ciento, la reducción de precios de venta y alquiler o la flexibilización de requisitos de acceso. En total, Fomento atendió a 1.055 familas con estas medidas. Además, el consejero informó de que su departamento tiene ya las llaves de 50 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de las 100 cedidas a la Comunidad. Por último, aseguró que trabajan para tomar posesión del resto y añadió que también se están rehabilitando edificios, como el conjunto de la calle Puente Colgante de Valladolid, para aumentar la capacidad del parque público.