Más de 20.000 pensiones de Valladolid, una de cada seis, están bajo el umbral de la pobreza

En realidad, en Valladolid hay 115.000 pensiones contributivas y 108.000 pensionistas, porque existen siete mil beneficiarios que reciben dos nóminas, por lo general viudas jubiladas. Además, hay otros 4.000 vallisoletanos que perciben pensiones no contributivas, repartidas en torno al 50% de jubilación e invalidez y a razón de 362 euros en el primer caso y 399 en el segundo.

Estos últimos pensionistas, sumados a los cerca de veinte mil contributivos que perciben menos de 600 euros mensuales -de los que 8.250 son jubilados- no llegan a la denominada tasa AROPE, cuyas siglas en inglés significan que están por debajo del nivel de la pobreza o exclusión. El umbral está en 8.522 euros anuales, o 609 euros al mes (en 14 pagas).

Una gran mayoría de este grupo de personas son mujeres, en concreto las perceptoras de 14.428 pensiones contributivas, el 71% del total.

Aunque sea un consuelo más bien triste, la provincia vallisoletana está en este sentido mejor que el conjunto del país, donde aproximadamente 2,83 millones de pensiones, el 29,6% del total, son inferiores a los citados 609 euros mensuales. Según el VIII Informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en España lo están el 21,2% de las pensiones de jubilación, el 42,3% de las pensiones de viudedad y el 80,4% de las de orfandad. Además, explica «algo más de 1,5 millones de pensiones se encuentran en el tramo inmediatamente superior al límite del umbral de pobreza, es decir, su importe mensual está entre 609 y 650 euros; en otras palabras, otro 15% de pensionistas está a punto de caer en la pobreza».

De modo que los pensionistas van a echarse una vez más a las calles en contra de una escala de valores que tiene en la cúspide el crecimiento del PIB, la cuenta de resultados y el beneficio económico. Una doctrina que en ocasiones, cuando habla de esperanza de vida para justificar el retraso de la edad de jubilación, parece dar a entender que las personas mayores 'viven demasiados años'. Quienes se movilizan en defensa de la dignidad de las pensiones se sienten obligados a recordar, megáfono en mano, que han trabajado (y cotizado) decenas de años, que han luchado y se han sacrificado por conseguir una sociedad más justa y que son ellos quienes han criado a las generaciones que están activas en la actualidad. Exigen que la demografía y el sistema de capitalización no sean utilizados como excusa por la clase dirigente.

De hecho, la 'penúltima' amenaza que se cierne sobre las pensiones ocupaba las páginas de este diario ayer mismo: Las pensiones subirán en enero 2,5 euros al mes si el Gobierno no lo remedia. La oleada de movilizaciones de personas mayores que comenzó hace un par de años y obligó al Gobierno de Rajoy a dar marcha atrás y subir las prestaciones en línea con la evolución de los precios no fue más que una victoria agridulce. Se aprobó para dos ejercicios, 2018 y 2019, a la espera de que los partidos lleguen a un acuerdo en el Pacto de Toledo y saquen adelante una reforma del sistema que no llega y que se retrasa por el desgobierno y la inestabilidad.

Entre quienes llaman a la movilización se encuentran los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT (a mediodía en la Plaza de Madrid), así como la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Los primeros reclaman la derogación de la actual normativa, esa según la cual el próximo año las pensiones sólo se revalorizarán el 0,25%, y también medidas similares al bono eléctrico para los pensionistas que tienen calefacciones de gasóleo o gas, así como la potenciación del sistema de dependencia o la supresión del copago farmacéutico.

La coordinadora, mientras, hace hincapié en su manifiesto en la desprotección que sufren las personas que más necesitan de la protección de la sociedad y en la pérdida de calidad de vida de los mayores, «maltratados en uno de cada seis casos tanto en el ámbito familiar como en el institucional, según la Organización Mundial de la Salud». Recuerdan que la Carta Social Europea propone una pensión mínima de 1.084 euros al mes con 14 pagas al año y reivindican su «dignidad, libertad y autonomía».

Ahora que suenan los tambores de la desaceleración económica en España y las alarmas de la recesión en otros países, las personas mayores recuerdan que sus pensiones no son sólo su sustento económico, sino un factor determinante y creciente de la demanda interna y, por tanto, del crecimiento del país.