La terrible historia de Raquel Díaz: trasladada a otra residencia para garantizar su seguridad

Hace unos días, Raquel ha tenido que ser trasladada a una nueva residencia para salvaguardar su seguridad: saltaron todas las alarmas cuando su presunto agresor, Pedro Muñoz, rompió el dispositivo de geolocalización que debe llevar desde que salió de la cárcel y fue interceptado por la Policía Nacional y la Guardia Civil en su finca de Toreno, el mismo lugar donde ocurrió lo que él ha calificado como «un accidente».

Si durante algún tiempo Raquel había vivido «tranquila» en un centro de mayores de la provincia de Zamora -y antes, en otro de Bembibre-, el protocolo de protección de víctimas de malos tratos ha obligado a la búsqueda de un nuevo hogar para la mujer (y ya son unos cuantos) que garantice su integridad física, ya que su presunto agresor -acusado de oficio por la Fiscalía de tentativa de homicidio y malos tratos a su mujer- fue puesto en libertad el pasado 25 de mayo, a la espera de fecha para el juicio.

El entorno de Raquel vivía con angustia la puesta en libertad de Muñoz, que sabían inminente desde unos días antes. Hasta en siete ocasiones había denegado la jueza de Ponferrada la medida de libertad y había advertido de «riesgo de fuga y de destrucción de pruebas», pero esta vez lo dejó salir de Villahierro, donde llevaba entre rejas casi dos años. Y cierto es que el plazo máximo de prisión preventiva es de dos años, como lo es que en determinadas circunstancias de retrasos judiciales -como es el caso- «el juez o el tribunal podrá acordar mediante auto una sola prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años», según recoge el artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pocos días después de salir de la cárcel, y al detectarse «problemas» con el dispositivo que él tiene la obligación de llevar (la víctima lleva otro que permite detectar el acercamiento del presunto maltratador), agentes de los Cuerpos de Seguridad acudieron a la que era residencia habitual de la pareja, en Santo Tomás de las Ollas, cerca de Ponferrada, pero descubrieron que en la casa de Muñoz vive ahora -de alquiler- una pareja.

Así, el exconcejal de Ponferrada fue finalmente localizado en la vivienda de Toreno. Su abogado confirmó entonces que el dispositivo «había sufrido un fallo» y que los agentes le habían instalado uno nuevo. «Las pulseras de localización dan muchos problemas de cobertura, de pila, se enganchan con la ropa, no es algo raro», explicó el letrado a quien escribe estas líneas, «pero se solventó sin más incidencias».

No es difícil imaginar la impotencia del círculo cercano de Raquel que, a la situación de extrema vulnerabilidad de la mujer, ha tenido que sumar más sufrimiento y todos los temores al conocer que su presunto agresor ha quedado en libertad y que la Justicia sigue acumulando retrasos en su caso: la instrucción continúa y no hay fecha para que los tribunales determinen qué ocurrió hace ya más de dos años. La posibilidad de que Muñoz pudiera huir del país antes de ser juzgado es otra de las preocupaciones que atormentan a la familia de la abogada.

Desde que salió de la cárcel, quien fuera alcalde de Toreno durante tres mandatos -pasó por seis formaciones distintas durante su controvertida trayectoria política, con un sinfín de desagradables episodios broncos con quienes le llevaran la contraria- tiene la obligación de llevar un dispositivo telemático que controla que cumple la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de ella, debe comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes, se le ha retirado el pasaporte y se le ha prohibido salir de España.

Para seguir engrosando la lista de perplejidades y despropósitos de los que sigan esta tragedia con estupor, hay que recordar que Pedro Muñoz también tiene abierto otro procedimiento judicial en su contra en Ponferrada, esta vez como presunto autor de un delito de insolvencia punible.

Pocas semanas después de ingresar en prisión, en el verano de 2020, el expolítico recibió en el centro penitenciario la visita de un notario, con quien al parecer intentó gestionar la donación de todos sus bienes a los dos hijos que tuvo en su anterior matrimonio.

La maniobra no es nueva en los tribunales: otro leonés, por ejemplo, el empresario minero Victorino Alonso, se declaraba insolvente para zafarse de sus cuantiosas responsabilidades mientras manejaba sociedades millonarias y escondía cantidades ingentes de dinero en paraísos fiscales, según revelaron los 'Papeles de Pandora', un impresionante trabajo coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

En el caso que nos ocupa, un juez detectó a tiempo la supuesta treta de Pedro Muñoz para intentar esquivar las responsabilidades civiles a las que tendría que hacer frente si resultara condenado en el juicio por intentar matar a Raquel Díaz.

Así, antes de que pudiera deshacerse de sus propiedades, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ponferrada, embargó sus bienes de forma preventiva y abrió un procedimiento por un presunto delito de insolvencia punible. Los beneficiarios de sus donaciones no podrán disponer de esos bienes patrimoniales ni realizar ninguna operación sobre ellos.

La vida de Raquel Díaz -y de los suyos- cambió para siempre el 27 de mayo de 2020. En la noche de aquel miércoles, a las 23:14, Pedro Muñoz alertó por teléfono a los servicios de emergencia de que su mujer había sufrido un «accidente».

Su primera versión (luego ha ofrecido otras) fue que, mientras él veía la televisión, quizá Raquel se cayó del tejadillo «mientras intentaba coger al gato».

Y aunque fue él quien acompañó a Raquel en sus primeros traslados de urgencias, al Hospital del Bierzo y al de León, y también quien atendió las llamadas y mensajes que recibieron los móviles de Raquel desde el «accidente», el enfermero de Psiquiatría del Bierzo -se acababa de jubilar- pasó de participar en la investigación de los hechos ocurridos en la casa de Toreno aquel 27 de mayo a ser detenido el lunes 1 de junio y enviado a prisión sin fianza el martes 2 de junio.

En cuanto a Raquel, tras unos días en coma inducido, varias semanas en la uci, cinco complejas operaciones y largas estancias en el Hospital de León y el de Parapléjicos de Toledo, prestó declaración y relató su versión de lo ocurrido el día en que quedó para siempre postrada en silla de ruedas. La abogada, de 46 años, contó que Muñoz y ella discutieron ese día y que todo acabó «como siempre, a palos». Que su marido la arrojó desde el tejado de la vivienda y después la arrastró de nuevo al interior.

Tras su relato, la Policía Judicial rastreó palmo a palmo el lugar de los hechos y halló restos de ADN en el escenario dibujado por Raquel. Más de dos años después, la instrucción del caso continúa.

«La paraplejia no es lo peor que tiene», lamentan sobrepasados quienes se ocupan de los cuidados de Raquel, que nunca antes tuvieron conocimiento de episodios de violencia en la pareja ni denuncias previas.

Los terribles daños que la abogada recibió en el cerebro en el «accidente» de Toreno han ocasionado que sufra para siempre gravísimos daños neurológicos.

Su bienestar pasa ahora, cuentan los suyos, por una estancia en un centro específico donde pueda recibir una rehabilitación integral que alivie los daños corporales, pero también, «y sobre todo, tratamientos que aborden sus lesiones cerebrales y se ocupen de su apaleada salud mental.

A día de hoy, los cuidados de Raquel – con secuelas irrecuperables de por vida- suponen un fuerte desembolso económico mensual, sin que por el momento haya recibido ningún tipo de ayuda pública para cubrir sus necesidades básicas. La pensión que reconoce su incapacidad -ya la recibe- apenas aporta 1.100 euros a los alrededor de 4.000 que su delicado estado de salud necesita para subsistir.

Si el círculo próximo se ha decidido a mostrar la impactante imagen de Raquel esta semana, que sobrecoge a cualquiera con un mínimo de empatía (la publicó Crónica, el suplemento de grandes reportajes del diario El Mundo), sólo se debe a su empeño en que «ninguna familia más» tenga que pasar por lo mismo que ellos, que observan con impotencia cómo Raquel sigue luchando a diario por sobrevivir mientras su presunto agresor se pasea con impunidad por las calles de Ponferrada, Toreno o Coruña.

A la tardanza en la acción de los tribunales hay que sumar el atronador silencio de muchos. Como ocurrió en la comarca berciana hace dos décadas con el 'caso Nevenka', algunos parecen querer condenar al olvido a la víctima, en ambos casos también representante política.

Si entonces casi todos se alinearon en torno al acusado -Ismael Álvarez, condenado en 2002 por acoso sexual- e ignoraron el dolor de la denunciante -Nevenka Fernández, hoy fuera de España-, también hoy puede establecerse un paralelismo: los cargos públicos prefieren evitar las declaraciones sobre este caso de presunta violencia de género porque -alegan- «hay que respetar el secreto de sumario y la presunción de inocencia» del investigado, Pedro Muñoz.

Sobre aquel caso, tampoco puede obviarse hoy un dato demoledor: Álvarez regresó a la política municipal años después, en 2011, cambió las siglas del PP por las de IAP y logró el respaldo de miles de vecinos y cinco ediles en el Consistorio de Ponferrada.

Hoy, de los partidos que cogobernaban en 2020 -y gobiernan- el tripartito de Ponferrada (PSOE, Podemos y CB), sólo Lorena González, concejala de la formación morada, se ha manifestado sin paliativos sobre la «inexplicable y contraproducente» puesta en libertad de Muñoz antes de ser juzgado. Los demás no atienden la llamada de la periodista. Tras mucha insistencia, algunos, como el alcalde -el socialista Olegario Ramón-, han enviado mensajes, sin permitir que se les pregunte sobre nada que tenga que ver con el caso Muñoz o con el pacto de gobierno que mantiene con el partido que fundó y presidía el presunto agresor (CB).

Cabe recordar que cuando se dieron a conocer los delitos que se le imputan a Pedro Muñoz, desde los bercianistas emitieron un primer comunicado alabando la trayectoria política de Muñoz. Menos suerte tuvo quien unos meses antes había sido su candidata a la Alcaldía de Villafranca del Bierzo, Raquel Díaz, a quien calificaban como «compañera hasta 2016» y deseaban «una pronta recuperación». No volvieron a interesarse por ella.

Con el llamativo silencio de los abogados que llevan la defensa de la abogada gallega, entre sus colegas de profesión chirrían aún más las declaraciones del abogado de Muñoz, Pedro Quintana, también compañero de ambos en CB. A su juicio, «no hay ninguna prueba que inculpe a mi defendido, todo se ha ido desmontando» y «lo que le ha pasado a Raquel es un problema de salud». El abogado relata cómo, cuando vio el sobrecogedor estado actual de la mujer de su cliente tras el «accidente», estuvo «tres días sin poder dormir».