Ribera anuncia que Castilla y León firmará a partir de mayo de 2020 cuatro convenios para una reactivación económica justa de las cuencas

En ese sentido, el objetivo de esos convenios es impulsar proyectos generadores de empleo «solvente, sostenible y de calidad». «La mejor opción es la que se quiera en cada una de las zonas», aseguró Ribera, que valoró el papel de Ciuden como «un referente fundamental para trabajar sobre el terreno». En total, los convenios de transición justa tienen previsto movilizar recursos por valor de 600 millones de euros en Asturias, Aragón y Castilla y León.

En ese escenario, la iniciativa pública tendrá un «papel clave», avanzó Ribera, ya que no está previsto «sustituir una macroactividad como una central térmica por otra» sino que el plan del Gobierno pasa por «generar un semillero de actividades económicas» que permita el crecimiento y la consolidación de distintos nichos de generación de empleo en cada una de las zonas. Al respecto, sectores como el energético, la agroindustria o las actividades del tercer sector, donde la presencia femenina es más acusada, serán claves en esta estrategia, que en la comarca del Bierzo tendrá una pata centrada en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía, de la mano del Centro para el desarrollo tecnológico e industrial (Cdti).

En la misma línea, la ministra defendió estos convenios como «un ejercicio de reconocimiento a una contribución histórica al desarrollo industrial del país» por parte de los territorios que ahora se ven afectados por este proceso y se comprometió a mantener el «trabajo intenso en el contexto europeo» para que las zonas castigadas por los cierres de minas y centrales térmicas puedan volver a «mirar al futuro».

Además, la ministra también confió en la puesta en marcha del plan de restauración de las explotaciones mineras, cuyo coste a nivel nacional se calcula en 76 millones de euros. Al respecto, Ribera lamentó que los avales depositados por las empresas para este fin apenas alcanzan el tres por ciento de la cuantía global y señaló que, por requerimiento de la normativa, un 25 por ciento de esos fondos deben proceder de las comunidades autónomas.

El empleo en estos trabajos de restauración ambiental está «llamado a ser cubierto por exmineros», recordó la ministra, que valoró la existencia de bolsas de empleo que identifiquen a estos trabajadores. Según Ribera, las primeras acciones están a la espera de que se complete la tramitación administrativa de la medida.

Por otro lado, la ministra también aludió al interés de determinadas regiones de países como Alemania o Polonia para incluir en un futuro fondo europeo para las regiones en transición sólo a aquellos territorios en donde se mantenga la actividad extractiva. «No nos podemos olvidar de la gente y los territorios», defendió Ribera.

Al encuentro, convocado por el Ministerio para la Transición Ecológica, acudieron representantes de la Junta, encabezados por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, así como de la Diputación de León y de los ayuntamientos de Ponferrada, Villablino, Cubillos de Sil, Igüeña, Fabero, Páramo, Noceda, La Robla y Velilla del Río. La reunión también contó con la presencia de representantes de Ciuden, del Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón (Irmc) y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae).