La Junta firma un convenio con el Ayuntamiento de Torre del Bierzo para la ejecución de una nueva Edar en el que se invertirán 1.327.330 euros

El correcto funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales del municipio de Torre del Bierzo requiere la ejecución de una nueva planta que garantice el adecuado tratamiento de sus aguas residuales y el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, que establece la obligación de las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes de disponer de instalaciones de tratamiento de las aguas residuales urbanas que garanticen la aplicación de un tratamiento secundario antes del vertido.

Las obras de construcción de un emisario y una nueva EDAR se inscriben en el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Junta de Castilla y León, para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.

El convenio específico se engloba en el 'Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018', firmado por los sindicatos FITAG - UGT, CCOO y USO, CARBUNIÓN y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El convenio entre la Consejería de Fomento y Medio y el Ayuntamiento de Torre del Bierzo establece que será la Consejería quien aporte el proyecto de construcción, asuma la contratación de las obras, la dirección facultativa, la coordinación de la seguridad y salud y la explotación durante un periodo inicial de doce meses para realizar su puesta a punto; el Ayuntamiento, por su parte, deberá cumplir el trámite ambiental y poner los terrenos a disposición de la Consejería.

El presupuesto de las obras asciende a 1.327.330 euros, que será cofinanciado por el Instituto para la Transición Justa O.A. en un máximo del 75 %, y la Junta de Castilla y León, que aportará el 25 % restante.