El exalcalde de Cubillos del Sil culpa a la secretaria y la oposición habla de «vicios» del regidor: «Ella ponía y ella quitaba»

La sección tercera de la Audiencia Provincial de León ha acogido este lunes el inicio del juicio contra el exalcalde de Cubillos del Sil, José Luis Ramón, por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada entre los años 1999 y 2015, cuando ejerció sus funciones como regidor del municipio berciano.

La primera sesión, de una vista que se recortará de los tres días iniciales previstos a solo dos, ha contado con la declaración del propio excargo socialista -que ejerció también como presidente del Consejo Comarcal- y de los concejales de la oposición, del Partido Popular, que fueron quienes denunciaron los hechos ante la fiscalía.

El escrito del fiscal expone la presunta irregularidad de hasta una decena de contratos aprobados por decreto en el Ayuntamiento de Cubillos del Sil, por un valor aproximado de 1,4 millones de euros, en los que se «prescindió del procedimiento administrativo legalmente establecido, con la finalidad de que los contratos tuvieran la condición de menores,..., eludiendo así el procedimiento abierto con publicidad. Todo ello ignorando los reparos formulados por la secretaria y sin subsanar las ilegalidades concurrentes».

En la sala, Ramón ha justificado esta situación y ha aludido directamente a la secretaria porque «igual que ella ponía el reparo, ella lo levantaba» y justificó su firma en los decretos porque «yo pagaba las facturas, pero se revisaban por la secretaria».

Además, aseguró que la mayor parte de los contratos en cuestión se hacían «porque había necesidades imperiosas» y las facturas había que pagarlas para evitar las denuncias de los proveedores.

«La secretaria decía que no tenía tiempo para sacar esos contratos. Todos eran urgentes. Yo revisaba los trabajos y los pagos realizados», insistió a las preguntas de la fiscal, argumentando incluso que él había solicitado a sus concejales «que no se abusara de este tipo de concursos por la advertencia que me había hecho la secretaria».

Por todo ello rechazó intereses personales entre los clientes a los que se adjudicaban los contratos y la asesoría que él mismo dirigía. «Muchos contratos ya estaban antes de que yo llegara y después continuaron».

Sin contestar a las preguntas de la acusación particular, el exalcalde defendió su trabajo de cuatro mandatos al frente del Ayuntamiento de Cubillos del Sil, en los que «continuamente se hacían cosas» y una carga de trabajo que fue a más con la llegada de Ciuden y el polígono de El Bayo al municipio.

Contra las palabras de José Luis Ramón se posicionaron los dos concejales en la oposición, Tomás y Montserrat, quienes denunciaron a la fiscalía los hechos que ahora han sido constitutivos de un tipo de delito de prevaricación.

«Vivíamos una situación incómoda. Se repetían los pagos a las mismas personas y a mí me criticaban que lo permitiera como oposición», inició su intervención el concejal popular. Asegurando que Cubillos del Sil es «un pueblo pequeño en el que todos nos conocemos», garantizó ante la fiscal que «sabemos de los vicios del alcalde» y el regidor era «el que decidía; era el dueño y ejecutor de a quién contrataba».

Y es que, según Tomás Ramón, «la secretaria nos decía que era un tema del alcalde y el alcalde aludía a la carga de trabajo del Ayuntamiento», para la conversión de estos contratos en menores. «Era insostenible. Desde 2004 era sota, caballo y rey; siempre se daban los mismos contratos».

A pesar de los informes de reparo de la secretaria, el edil del PP insistía en que era el alcalde quien «decidía si se levantaba el reparo» porque le «interesaba tener esos amigos, ese pago de favores y a su clientela contenta».

Entre los contratos denunciados se encuentra el pago de 2.200 euros al mes a una empleada «afín al Partido Socialista» por «abrir, vigilar y cerrar el pabellón de deportes» y otro a un jardinero «vinculado al PSOE». «Estos colaboradores mandaban más que los concejales», se manifestó ante la presidencia de la sala. «Se pagaba 1.160 euros al mes por el mantenimiento del campo de fútbol, se hiciera lo que se hiciera», denuncian.

El juicio tiene previsto concluir este martes con nuevos testigos, el informe de conclusiones y la última palabra de un acusado para el que la fiscalía solicita una pena de diez años de prisión e inhabilitación especial por el delito de prevaricación administrativa continuada.

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