Ecologistas presenta alegaciones contra la reapertura de la mina de hierro Coto Wagner

Al respecto, Ecologistas en Acción recordó que la empresa promotora, Intauxma, heredera de Coto Minero Cantábrico (CMC), pretende explotar de forma subterránea la mina de hierro, situada en una zona “con antecedentes de riesgo de hundimiento por ser inestable tras la antigua actividad minera”, señalaron.

En esa línea, los ecologistas alertaron que la reapertura “pondría en peligro tanto a las personas como a los bienes materiales de las poblaciones más afectadas”. Entre éstas, la organización señaló la cercanía del núcleo de Calamocos con la planta de procesado, situada a poco más de 500 metros de distancia. Por su parte, “Onamio se verá aún más expuesto, al pasar la galería por debajo de la población”, señalaron. Además, existe un poblado que daba servicio a los obreros de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), a escasos 200 metros de la mina.

Tras denuncias de varios vecinos, en el año 2009 la empresa CMC y la Junta elaboraron informes donde ya se recogía el “riesgo de hundimiento”, advirtiendo de la existencia de una serie de oquedades a distintas profundidades que podrían extenderse, a pesar de haber cesado la actividad minera. Por estos motivos, las autoridades recomendaron vigilancias periódicas y nuevos estudios para evaluar el comportamiento del terreno.

Sin embargo, en el actual proyecto “ni se recogen esos informes ni se aportan datos sobre la estabilidad geotécnica y las consecuencias de esta actividad sobre las poblaciones afectadas”, denunciaron los ecologistas, que recordaron que “la minería de hierro es altamente contaminante por la liberación de metales pesados”, entre los que citaron el arsénico, el cadmio, el plomo, el mercurio o el zinc.

Además, Ecologistas en Acción advirtió contra el “riesgo especialmente grave” de contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. En este caso, señalaron, se producirán “afecciones irreversibles”, con invasión del dominio público hidráulico, del arroyo de Paradasolana y del río Boeza.

En la misma línea, los ecologistas consideraron que también se verá “gravemente afectada” la calidad del suelo, por el contacto con sustancias químicas, y la del aire, por la emisión de gases y polvo de la explotación y del trasiego de maquinaria pesada, y criticaron que el estudio de impacto ambiental no contemple medidas correctoras para minimizar todos esos impactos.

Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción consideró que el proyecto presenta “errores de forma” que denotan, a su juicio, la carencia de “personal debidamente cualificado” en su redacción. “No viene avalado por biólogos o licenciados en Ciencias Ambientales, no teniendo un ingeniero de Minas capacidad suficiente para redactar los documentos”, señalaron.

En esa línea, criticaron las “graves deficiencias” existentes en casi todos los apartados, con una “continua omisión de información”, con acciones y medidas “incongruentes y poco claras” y sin que el proyecto presente las suficientes garantías. “No se debería dar luz verde a este proyecto”, sentenciaron.

Por otro lado, los ecologistas señalaron que el “promotor real” de la explotación será el empresario Victorino Alonso, a cuyo grupo de empresas acusaron de llevar a cabo “restauraciones mineras muy deficientes”. En ese sentido, advirtieron de la existencia de certificaciones fraudulentas sobre restauraciones o ampliaciones sin permisos administrativos de minas en plena Red Natura 2000.

En la misma línea, criticaron la “nefasta actuación” que se llevó a término en la explotación de la mina de carbón a cielo abierto del Feixolín, en la comarca de Laciana. La actuación se desarrolló de la mano de la MSP, después integrada en CMC, hasta que una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo ordenó el fin de la corta y la inmediata restauración de la zona. La entrada en concurso de acreedores de la empresa hizo que finalmente la Junta tuviera que costear y acometer las obras de restauración.

Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción mostró su “desconfianza” en la figura de Alonso, sobre el que, recordaron, pesan varias condenas judiciales, la última por la destrucción del patrimonio cultural de la cueva de Chaves, en Huesca, con una condena de prisión y 25,4 millones de euros de indemnización.