Una denuncia del PSOE lleva al alcalde de Cabañas Raras a juicio y el fiscal pide cinco años de prisión

La acusación se refiere a la adjudicación de una parcela del Polígono Industrial de Cabañas Raras en la que la empresa Clínica Veterinaria Bierzoo SLP, propiedad del regidor y su esposa, construyó un crematorio de mascotas.

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El PP «respeta la justicia»

La presidenta del Partido Popular de León, Ester Muñoz, apeló al «respeto a la Justicia», preguntada sobre la próxima comparecencia judicial del alcalde de Cabañas Raras acusado de presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación a partir de la denuncia presentada por un concejal del PSOE.

Muñoz evitó hacer más consideraciones sobre el caso, que se abordará en los tribunales a finales del próximo mes de marzo, hasta que hable personalmente con el alcalde en cuestión, Juan Marcos López Gutiérrez, cosa que no había ocurrido -aseguró- cuando fue preguntada al respecto.

Según un auto del Juzgado número 8 de Ponferrada, López Gutiérrez, alcalde y a su vez administrador de la entidad Mercantil Clínica Veterinaria Bierzoo SLP, «a sabiendas de su ilegalidad y del deber que tenía de abstenerse, tanto para solicitar las ayudas para proyectos de inversión para el desarrollo alternativo de las zonas mineras para el 2014, como para firmar como autoridad en el procedimiento de la licencia de construcción y licencia ambiental de la parcela 97 del polígono industrial de Cabañas Raras, al igual que presidir la comisión que abrió las plicas el 11 de mayo de 2016 en la cual se incluía la plica de Clínica Veterinaria Bierzoo SLP con su oferta, siendo el único postor, e igualmente emitir su voto en el acto del pleno extraordinario del día 12 de mayo de 2016, en la cual se aprobó por unanimidad la adjudicación definitiva de la parcela 97, consiguió obtener una ayuda para Clínica Veterinaria Bierzoo SLP por importe de 53.819,92 euros.

Se da la circunstancia, informa el PSOE, de que el regidor popular se adjudicó la parcela por debajo del precio mínimo de licitación y que, al contrario de lo exigido para el resto de licitadores, no pagó el importe de la parcela hasta haber sido notificado de la denuncia interpuesta por el concejal socialista.

Las penas íntegras solicitadas por la acusación particular y la fiscalía alcanzan los cinco años de prisión, multa de 18 meses e inhabilitación especial y pérdida del derecho de sufragio pasivo durante ocho años.