Condenan a nueve años de inhabilitación al alcalde de Cacabelos por frenar la reincorporación de un empleado público

La Audiencia Provincial de León ha condenado al alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez a nueve años de inhabilitación del ejercicio público por la comisión de un delito de prevaricación.

Además le imponen el pago de las costas del juicio celebrado en pasado mes de octubre, incluidas las de la acusación particular. Una sentencia que no es firme y que, según ha anunciado la defensa, será recurrida.

De esta forma, el juez rebaja en cuatro años la petición de la Fiscalía que entendía acreditado que el regidor impidió la incorporación a su puesto de trabajo al interventor municipal tras haber obtenido el alta médica.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso leonoticias, la ilegalidad del acuerdo que tomó el alcalde, por el que impedía al interventor incorporarse a los quehaceres propios de su puesto de trabajo, resulta «palmaria».

Además, el tribunal alerta de la falta de competencia del alcalde para la toma del acuerdo, que «no pasó desapercibida al acusado, existiendo el afán del acusado por hacer prevalecer su voluntad pese a la ilegalidad.

En este sentido, la sentencia apunta a que el interventor estaba en condiciones de desarrollar su trabajo sin que fuese perjuicio alguno su ingreso en la Unidad de Psiquiatría en agosto del 2015.

El tribunal además señala que, en cuanto al riesgo de una posible agresión a la que hizo alusión el alcalde y varias concejalas, no va más allá que una sensación de incomodidad.

El equipo de gobierno defendió la legalidad del nombramiento de la funcionaria que ejerce de interventora interina desde que el titular de la plaza se acogiera a una baja laboral en agosto de 2015 tras protagonizar un intento de agresión al alcalde.

Durante la celebración del juicio el pasado mes de octubre, el alcalde de Cacabelos defendió la legalidad de su actuación e insistió en que nunca impidió a la incorporación del trabajador, al que únicamente instó que se sometiera a un reconocimiento médico para certificar que estaba recuperado dado que, según señaló, el alta había sido voluntaria.

Visiblemente nervioso y durante casi una hora de declaración, el alcalde de Cacabelos reconoció que recibió varios requerimientos de la Junta de Castilla y León solicitando la reincorporación del trabajador pero volvió a remarcar en que en ningún momento impidió el acceso del interventor municipal a su puesto.

«Estuvo dónde quiso y cómo quiso», señaló Álvarez, que apuntó que, hasta la solicitud de la baja, el interventor estuvo hasta en dos ocasiones por el Ayuntamiento, una para preguntar si seguía cobrando y otra para recoger objetivos personales de su despacho.

En este punto, Álvarez calificó al interventor de una persona «muy agresiva», lo que le hacía temer por su integridad, la de los trabajadores y la de los vecinos, a la par que señaló que desde el primer día puso trabas al nuevo equipo de gobierno. «No me quiso ni dar las llaves, me decía que no era el alcalde, que era un ladrón».