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Los abusos ejercidos en el Seminario Menor de La Bañeza por el sacerdote José Manuel Ramós Gordón, al que apodaban como 'Chucho', no fue un caso aislado. Era la negra y cruda realidad silenciada durante años, décadas, de decenas de niños sometidos a vejaciones físicas ... y psicológicas.
Era el día a día de este centro, que cesó su actividad en 1995 sin poder ahogar el dolor y la humillación de niños hoy convertidos en hombres que aún tienen heridas imposible de cicatrizar.
Lo confirmó en su día A.C.G., en su relató a leonoticias. «Abusos y palizas que guardábamos con recelo y temor. Eran otros tiempos. No podías decir nada y menos a tus padres». Sin embargo, tan sólo Francisco Javier Redondo dio el paso de denunciar los abusos en 2014 a través de una carta remitida al Papa Francisco.
Posteriormente, un alumno del colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria ponía de nuevo el foco en Ramos Gordón y un exseminarista de La Bañeza denunciaba por su parte a Ángel Sánchez Cao, hoy sacerdote de la localidad gallega del Barco de Valdeorras, de los mismos hechos. Hoy, el párroco está siendo objeto de otra investigación.
Pero son más las víctimas de pederastia en el Seminario Menor de La Bañeza. «Mi caso y el de mi hermano no fue un hecho aislado», reconoce Francisco Javier después de conocer que el obispo de Astorga, el mismo que silenció su caso, presidirá la nueva comisión constituida por la Iglesia española para elaborar una normativa contra la pederastia.
«Hay más víctimas que se han puesto en contacto conmigo tras destaparse mi caso», reconoce Francisco a leonoticias. Sin embargo, respeta su privacidad y su decisión de no denunciar. «Las víctimas tienen todo el derecho del mundo a denunciar y también a no hacerlo».
Los motivos sobran, «el miedo y la desesperanza». Con más razón hoy por hoy, después de conocerse la actuación de la Diócesis de Astorga y la pena impuesto a Ramón Gordón: la imposición de la privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal durante 10 años y la obligación de residir en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga durante diez años.
«Han visto cómo la Iglesia ha gestionado estos gastos y las víctimas no quieren sufrir más. Ellos lo hacen así para que la gente se desanime y no denuncie. Ya hemos visto como resuelven estos expedientes, es catastrófico y solo logran infligir más daño a las víctimas». Por ello, concluye Francisco, las víctimas prefieren guardar silencio y no denunciar.
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