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En 2014, Francisco Javier Redondo destapó el error silenciado durante años en la Iglesia leonesa. Los abusos continuados que sufrió junto a su hermano en el Seminario Menor de La Bañeza.
Detrás de ellos, el sacerdote leonés Juan Manuel Ramos Gordón, hoy cumpliendo ... la pena de diez años de expulsión y reclusión en un convento por una segunda denuncia, en este caso, en un colegio en la localidad zamorana de Puebla de Sanabria.
Su caso no fue aislado. El también leonés Ángel Sánchez Cao, hoy sacerdote del Barco de Valdeorras, está siendo objeto de investigación por posibles abusos a menores también en el Seminario de La Bañeza donde, según algunos relatos, los niños vivieron un auténtico infierno.
En cualquier caso, hasta ahora son los dos únicos nombre que han salido a la luz pero ambos han 'avergonzado' a la Diócesis de Astorga. Tras conocer las denuncias y en paralelo al resultado de la investigación, anunció la elaboración de un protocolo de actuación con menores y de prevención dirigidos a todos los agentes pastorales diocesanos.
Un medida que la Diócesis de Astorga ya ha activado y que, en palabras de su obispo Juan Antonio Menéndez, busca evitar que se pueda repetir cualquier caso de abusos así como erradicar cualquier atisbo de comportamiento en esa línea.
Un protocolo que va en sintonía, según apuntan desde la Diócesis, a la voluntad del Papa Francisco y conforme a la normativa establecida en el código canónico ante las denuncias por casos de abuso sexual a menores.
Se trata de una 'hoja de ruta', que se ha inspirado en otros protocolos del Estado así como de la Iglesia en España, en el que además se buscar la prevención detalla cómo detectar, denunciar y actuar ante este tipo de delitos.
El documento, que desde la Dióciesis prefieren no desvelar su contenido, ya se ha repartido entre todas las parroquias así como en los colegios diocesanos, haciéndoles entrega a sacerdotes, profesores, catequistas y colaboradores parroquiales.
En su día además el obispo anunció la firma de un documento 'antipederastia' y que incluye la obligación de aplicar un conjunto de medidas de estricta disciplina para controlar todo lo que sucede en aquellas estancias educativas.
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