A.C. | J.C.
Miércoles, 4 de julio 2018
Astorga centra la atención mediática de la 'Operación Enredadera' 24 horas después de la jornada convulsa que se saldó con el registro de cinco ayuntamientos, la detención de 10 leoneses, en su mayoría cargos públicas, y nueve investigados.
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Pasadas las 11:10 horas de ... este miércoles, el alcalde maragato Arsenio García accedía a los Juzgados de Astorga hasta donde era trasladado en vehículo policial desde la Comisaría, donde permaneció la noche.
Previamente había accedido a los juzgados Manuel Ortiz, el concejal de Urbanismo de Astorga. El último en llegar en una primera tanda era Pablo Peyuca, el concejal de Comercio y portavoz del PAL.
Los tres fueron detenidos durante la jornada de este miércoles y puestos a disposición judicial tras un exhaustivo registro de las dependencias municipales.
Minutos antes de las 13:30 horas llegaba hasta los juzgadosl alcalde socialista de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, que era recibido por un grito de «te quiero» de su hija.
El último en ser trasladado desde la Comisaría fue el concejal maragato Javier Guzmán.
Según han confirmado a leonoticias, los cinco detenidos se muestran tranquilos, han pasado buena noche en los calabozos de la Comisaría, confiando en que en las próximas horas todo se aclare.
Ahora, los cinco se encuentran prestando declaración ante la juez del Juzgado de Instrucción nº2 de León, que ha abierto una pieza separada al caso que se instruye en Badalona para tratar de esclarecer la contratación de diversas obras y servicios y la instalación de parques infantiles y zonas verdes y deportivas .
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Su detención se llevó a cabo en el marco de la 'Operación Enredadera' que investigue una red de amaños que falseaba datos de tráfico para poner radares con afán recaudatorio.
Un entramado que giraba en torno de Aplicaciones Gespol, filial del Grupo Sacyl y especializada en el mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.
Sin embargo, en el transcurso de la investigación se han detectado que no sólo se amañaron contratos relacionados con la seguridad vial sino también contratos de obras y servicios, entre los que se encontraría el mantenimiento de parques infantiles o zonas verdes.
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Precisamente y según apuntaron ya este martes diversas fuentes, los cinco detenidos que ahora prestan declaración en las dependencias judiciales para esclarecer la posible implicación de los ayuntamientos de Astorga y Villarejo de Órbigo en esta causa.
Una pieza que, de nuevo, pivotaría sobre el empresario leonés José Luis Ulibarri, así como con el exconcejal del PSOE en Astorga, Juan José Simón Callejo, delegado de Agema, una de las empresas investigadas en el entramado. Ambos fueron detenidos este martes por agentes de la UDEF.
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