El sector financiero se prepara para ser sostenible

Además, este alto cargo de la administración pública aseguraba que es Europa quien está liderando este movimiento hacia un sector financiero más responsable en estas materias. Sin embargo, los implicados en el sector reconocen que esto supone transformar radicalmente su modelo productivo para que sea compatible con el desarrollo y con el mantenimiento del medio ambiente.

«España se compromete a asegurar la transformación de nuestro sector financiero público y privado y su adaptación a los riesgos del nuevo modelo de neutralidad climática», declaraba, añadiendo el compromiso de que esta industria pueda «crear valor a medio y largo plazo y de esta forma asegurar la estabilidad del sistema». De esta forma, la creación de un Plan Nacional de Finanzas Sostenibles adaptado a la normativa europea tiene varios pilares para lograr esta sostenibilidad del mundo financiero.

El Plan Nacional español tiene tres grandes objetivos. Por un lado, asegurar la transformación del sector financiero público y privado hacia un nuevo modelo de neutralidad climática. En segundo lugar, busca mejorar la competitividad del sector financiero español «aprovechando las oportunidades de las finanzas sostenibles para la creación de valor a medio y largo plazo».

Además, quiere reorientar y alinear los flujos de capital hacia una economía e inversiones bajas en carbono y más sostenibles «para fomentar la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos de los acuerdos de París».

Para ello, el plan se asienta sobre tres pilares. Por un lado, se encuentra la taxonomía, el lenguaje común que permite clasificar las actividades como sostenibles. Esta taxonomía garantiza que las actividades cumplen con los objetivos de sostenibilidad, no perjudican a ninguno, cumplen con las salvaguardas sociales y se ajustan a las normas técnicas.

«Legítima las demás iniciativas y garantiza que la sostenibilidad no es solo un ejercicio de marketing, sino que tiene un impacto real», subraya Laca Clausen. Clara Arpa, presidenta del pacto mundial de la ONU, reconocía que esta taxonomía europea ha supuesto una «completa revolución en la inversión sostenible y responsable, creando un marco para categorizar las inversiones bajo criterios medioambientales y sociales».

Un segundo pilar tiene que ver con la publicación de información. Su reto es permitir al mercado «juzgar los instrumentos empleados para conseguir los objetivos». De esta forma, las grandes empresas financieras están obligadas a hacer públicos los riesgos climáticos y de transición que implica su actividad económica, al tiempo que proporcionan información relacionada con la sostenibilidad de sus instrumentos financieros. Esta información debe ser relevante, comparable y accesible.

En tercer lugar, cabe señalar que el marco normativo se ve acompañado de herramientas que, en opinión del director general del tesoro y política financiera, «garantizarán su adopción por parte del mercado». Hasta ahora se han establecido unos requisitos técnicos mínimos para la metodología de cálculo de los índices de referencia climáticos. Según este responsable, el estándar de bonos verdes de la Unión Europea va a ser la norma de oro que asentará la taxonomía en los mercados.

Según los datos facilitados en este evento, la CNMV tiene en estos momentos registrados cerca de 200 instituciones de inversión colectiva con mandatos medioambientales, incluyendo fondos de inversión y fondos de inversión libre. Todos estos organismos suman un patrimonio cercano a los 70.000 millones de euros.

Además, el Banco de España ya realizó en otoño de 2021 un primer test de estrés climático a las entidades españolas. En estas pruebas el supervisor analizó los impactos de los escenarios de transición a corto plazo. Según se avanzó en el evento, no será el único test de estrés, sino que habrá más y otros en los que se incluirá la modelización de riesgos físicos en el ámbito asegurador.

De hecho, se aseguró que los seguros juegan un papel central en la mutualidad transferencia y cobertura de los riesgos de índole climática. Según el director general del tesoro y política financiera de España, la estructura de cobertura público privada con el consorcio de compensación de seguros por el sistema de seguros agrarios combinados «son una referencia a nivel internacional en la cobertura de riesgos».

Además, según el Observatorio Español de Financiación Sostenible, los agentes económicos españoles (públicos y privados) hicieron emisiones de bonos verdes sociales y sostenibles por valor de más de 28.500 millones de euros el año pasado, lo que supone un crecimiento de más del 90% con respecto al año anterior.