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DAniel González
Villaquilambre
Jueves, 16 de agosto 2018
El pleno municipal de la localidad leonesa de Villaquilambre ha madrugado este jueves para analizar todo aquello que ha vinculado a su Consistorio y a sus ediles con la 'trama Enredadera'.
Lo ha hecho tras días de informaciones constantes que relacionan a este municipio ... con uno de los escenarios de actuación de una trama en la que dos de sus principales actores, el empresario leonés José Luis Ulibarri, y su mano derecha Ángel Luis García 'El Patatero', se encuentran hoy en prisión.
Precisamente a este segundo empresario se le atribuyen las escuchas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en las que incide en la posibilidad de pactar contraros con Manuel García, alcalde del municipio, así como el desarrollo de sus planes junto a una de las ediles del equipo de gobierno, Mónica Varón. Varón es además la concejal que pedía instalar ya medidas de control de tráfico para cazar a turistas de camino a la montaña leonesa.
El pleno ha servido en esta jornada para que los reproches al equipo de Gobierno se multipliquen.
En las filas socialistas no ha convencido el comportamiento del alcalde de Villaquilambre. «Hasta este pleno, nadie de este Ayuntamiento ha salido a dar explicaciones. Nos sorprende porque alcalde cita a los medios a inicio año para explicar su proyecto, pero ahora no», ha asegurado Jorge Sánchez.
Además ha remarcado que en el municipio «hay necesidades más urgentes que Gespol». Para añadir: «Hay dos palabras a resaltar del juramento de cargo, conciencia y honor. ¿Cómo encajar estos dos conceptos en este caso?».
Rubén Sánchez también ha advertido que el «beneficio (de las recaudaciones planteadas) no redunda en los vecinos, redunda en una casa privada. Sin entrar en aspectos jurídicos, ¿Cómo les urge tanto el contrato de Gespol si el de contrato de basuras lleva dos años prorrogado? Esto es mucho más urgente. Ahora mismo esta aplicación informática de las multas va a seguir adelante».
«Consideramos máximo responsable al alcalde teniendo en cuenta que hay una invitación firmada por usted a Gespol para que participe en este concurso. No se si hace también de comercial, recomendado a amigos y compañeros de partido los servicios de determinadas empresas. Mientras seguimos sin otros servicios como un centro de salud, dos pediatras o un instituto», añadió.
Además ha advertido que por parte del alcalde hay «más interés en la defensa de un tercero que de los vecinos. Les pedimos que cesen de sus funciones tanto el alcalde como la concejala».
«Apesadumbrados«. Ese sentimiento es el que ha inundado a la Unión del Pueblo Leonés (UPL) tras conocer que las ramas de la enredadera trepaban por el Ayuntamiento de Villaquilambre.
«Lo primero que uno piensa y lo que se preocupa es en la situación de personas que conoces desde hace años. Circunstancias que has trabajado al lado, no mirar atrás y arrepentirse. Todo acabó con apoyo al gobierno, no al alcalde», ha advertido Lázaro García Bayón.
Éste ha remarcado que el apoyo de su formación era al «gobierno del Ayuntamiento no al calcalde. Quizá tengo que pedir perdón porque pensábamos que el único contrato de Gespol estaba bien, era legal, hasta el sábado, cuando vimos lo que se ponía en ese artículo. Se que los aspectos técnicos cumplen con los estándares. Desde el punto técnico si Q es lógico».
«Pensábamos que los radares eran para limitar velocidades, no para cazar a nadie. Luego está la presión mediática (en referencia a la ejercida por José Luis Ulibarri a través del Diario de León), no te jode políticamente, te jode profesional y personalmente. Por ello, a veces algunos ceden. Desde ese medio se utiliza una presión mediática muy fuerte, las personas a estos niveles existen, espero que en Villaquilambre no lleguemos al nivel de ver que se han hecho mal las cosas».
Para Ahora Podemos los hechos sucedidos en Villaquilambre son de extremada gravedad pese a que, según ha advertido su representante, Juanjo Moro, «se ha internado reducir el asunto a un contrato menor de multas, pero no es así, en otros ayuntamientos de similar población se recaudan 10.000 euros diarios».
Además ha preguntado el motivo por el que la edil, Mónica Varón, se encargó de este contrato pese a que no entraba en sus competencias. «¿Por qué se encargó ella de este asunto? Leo varias veces la necesidad de que Villaquilambre tenga una aplicación de gestión policial. Y no hay informes Q justifiquen esta necesidad».
«Esto no huele nada bien, esperamos explicaciones convincentes aunque no tengo esperanzas», ha remarcado.
Para Miguel Angel Díez de Celis (UPyD) cada día es una sorpresa más en un saco en el que ya hay demasiadas sospechas. Muchas sospechas y pocas explicaciones.
Y a eso espera esta formación. «En función de eso (de las explicaciones), tomaremos decisiones oportunas», ha asegurado en el pleno extraordinario.
Mientras para Izquierda Unida (IU) hay indignación y desprecio a partes iguales. «No vamos a transcribir todo lo que ha salido en prensa. Agradecemos a esa prensa que ha sido valiente y lo ha sacado. Hemos insistido en ello porque un registro de un Ayuntamiento y el interrogatorio a un técnico y al alcalde» son lo suficientemente graves ha remarcado María Elena Fernández Honrado.
Fernández Honrado ha tiltado igualmente de «farsa» la comisión de investigación advirtiendo que «no llegará a ningún lado. «No podemos confiar en unos representantes que se han dejado tocar por empresas», ha sentenciado.
Por ello ha pedido la dimisión «del alcalde y de la concejal Mónica Varón». «Pedimos a Upyd, upl y no adscritos que retiren su apoyo al alcalde. Que los grupos abandonen la comisión de investigación, no tiene sentido tras lo aparecido en prensa».
Por último ha pedido la rescisión de los contratos con Gespol y su decidido apoyo a una moción de censura.
Carmen Pastor, hoy no adscrita en este Ayuntamiento, ha calificado de «deleznable» lo sucedido en el municipio y ha preguntado al alcalde si le parece «ético y legal» lo sucedido en el Ayuntamiento al mismo tiempo que le ha culpado por «prestarse al contubernio».
Igualmente se ha referido a Mónica Varón a quien a preguntado qué intención tenía con «esos fotorojos para cazar turistas. «¿Recaudar mucho y repartirse el pastel?».
«Nos gustaría saber fase en qué fase adminitistrativas se encuentra la instalación de semáforos y foto rojos. Los pliegos y condiciones éticas deben de estar presentes para una libre competencia, pero en este caso pueden esconder trampa para que determinadas empresas no puedan presentarse. ¿Por qué se presentó solo esta empresa al concurso y si existe mucha empresas de este tipo en mercado? ¿Hubo presión al técnico que redactó pliegos?», ha asegurado. Todo ello al mismo tiempo que tachaba de «corruptelas» todo lo sucedido.
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