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Hasta 180 personas desembarcarán en menos de 24 horas en el Chalé de Pozo, un hotel que llevaba cerrado once años y que se ubica en Villarrodrigo de las Regueras, en el término municipal de Villaquilambre.
Durante el pleno interrumpido por la expulsión del público, el equipo de gobierno ha tratado de dar luz a las últimas informaciones referidas a este centro de ayuda humanitaria que gestionará la Orden de San Juan de Dios bajo la tutela de Extranjería.
El pasado 11 de junio, el Ayuntamiento de Villaquilambre tuvo conocimiento de la llegada de estos migrantes que ya han cursado solicitud de protección internacional y a quienes se está tramitando su documentación tras permanecer durante un tiempo en el centro de acogida de las Islas Canarias.
«No importaba la información, solo sembrar el odio. Se ha informado a quienes lo han pedido», ha recordado el equipo de gobierno a un pleno que se había quedado vacía tras el desalojo.
El cambio de titularidad del centro, que pasó a manos de un grupo inversor catalán, facilitó el arrendamiento por 20 años de este edificio «con un fin hotelero» y con un acuerdo de cesión durante tres meses -más uno prorrogable- a San Juan de Dios.
Toda la documentación ha sido revisada por el Ayuntamiento de Villaquilambre y las licencias de ocupación fueron selladas por las consejerías de Industria y de Sanidad de la Junta de Castilla y León, según avanzó el vicealcalde Vicente Álvarez. «Se ha actuado al igual que con el resto de empresas».
La información sobre el uso que tendría el centro se facilitó el 17 de junio, en una reunión a las que les convocó la Delegación del Gobierno y en la que se citó también a San Juan de Dios y a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ahí les explicaron que el Chalé de Pozo contaría con 50 empleados, 35 personas para la labor social y 15 empleados para la logística del hotel.
El trabajo a desarrollar será relativo a un centro de acogida para solictantes de protección internacional. San Juan de Dios lo gestionará a través de un concierto con el Estado. A los 180 migrantes, procedentes de Senegal y Mali, que contarán con formación de idiomas, mediadores de información y formación laboral. Estas personas, como refugiadas, y una vez que superen los seis meses de estancia en España podrán trabajar legalmente y muchos lo harán en otros países europeos, en España y algunos podrán permanecer emplearse en León, recogía el alcalde Jorge Pérez.
La concejala de Policía Local del Ayuntamiento de Villaquilambre, Rita González, ha avanzado que tanto sus agentes como los de la Guardia Civil -donde tienen competencia- velarán por la protección de los vecinos de la zona y de los propios refugiados. «Estaremos al tanto, pero no es necesario que se haga nada especial. Si lo es, la Guardia Civil implantará sus efectivos».
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Dani González
El alcalde ha descartado que se instalan coches patrulla en la zona ni provocar el desalojo del centro o colocar cadenas que eviten la entrada. «El centro se instalará en Villaquilambre y tenemos que aportar una integración máxima como pueblo». Recuerda que San Juan de Dios tiene experiencia en 11 centros en toda España y la Obra ha considerado que la ubicación es «adecuada» mientras se integran en Europa.
El Ayuntamiento se ha posicionado como «mero transmisor» de la información que llega a través de San Juan de Dios y los arrendatarios de un contrato que finaliza el 31 de agosto, prorrogable al 30 de septiembre. «A día de hoy, solo conocemos ese contrato. Si después se amplía, lo desconocemos».
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