La oposición de Villaquilambre acude a los tribunales ante una subida impositiva «injustificada»

La oposición en el Ayuntamiento de Villaquilambre ha acudido a los tribunales para tratar de anular la subida de impuestos aprobada por el equipo de gobierno de este municipio que consideran que no está «bien argumentada» y que es «injustificada».

El portavoz de Vive Villaquilambre, Ricardo de Dios, ha señalado que han interpuesto esta demanda por una subida «desproporcionada» de la carga impositiva que, además, señalan que está «justificada»: «Hay un remanente de 2,6 millones. La mala situación económica que argumentan no es cierta».

Después de alegar en el pleno y constatar que la tramitación de esta subida impositiva, afirman, «no fue la correcta», acuden a la justicia con esta demanda en la que se han unido los cuatro grupos de la oposición, que critican que el equipo de gobierno «está optando por la solución fácil».

«Cuando no se sabe gobernar, lo fácil es machacar a los ciudadanos con impuestos. Esto es síntoma de que no saben gestionar, de que no están capacitados», ha explicado el portavoz popular, Manuel García, exalcalde de Villaquilambre, que ha recordado que, en 2011, cuando inició su primer mandato, había una deuda de 18 millones: «Y nunca se nos pasó por la cabeza tocar los impuestos».

Insistiendo en que la situación económica «es buenísima», García explica que la demanda, formalizada el pasado 4 de junio, cuenta con 1.600 firmas en contra de subidas como la del IBI, «que va a suponer 1,1 millones de euros mas de recaudación» a lo que se suma, según su previsión, un remanente que rozará «los cuatro millones de euros, después de haber aprobado los presupuestos en junio». «No hay necesidad de subir los impuestos».

Por ello, interponen esta demanda contra una nueva ordenanza impositiva en la que también se recupera el impuesto de plusvalía. «Si no lo paramos, el año que viene puede haber otra subida porque se ven impunes para no justificar estas decisiones», señala García.

En esta demanda no pedirán medidas cautelares por «responsabilidad, ya que puede generar un agujero económico importante en las arcas municipales» y no manejan plazos concretos porque «los procesos judiciales se pueden alargar en función de los recursos que se presenten».

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