«Sorprendidos» y enterándose por la prensa. Así se ha mostrado la Junta de Castilla y León acerca de la reapertura del Chalet del Pozo de Villarrodrigo de las Regueras como centro de ayuda humanitaria.
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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha exigido este miércoles al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una política migratoria «coordinada e informada», tras el conocimiento de este hecho. «No ha llegado en forma de comunicación oficial desde el Gobierno central», afirman.
Por ello, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha exigido al Gobierno «un mínimo de información y de lealtad institucional». Además, ha señalado que el Ejecutivo estatal se pone de perfil en su obligación de comunicación y coordinación con las comunidades autónomas y descargando esta labor en las entidades del Tercer Sector de Acción Social, ya que, sin previo aviso, procede al traslado de inmigrantes a territorio de la comunidad para que una entidad de carácter social, como es la orden hospitalaria de San Juan de Dios, se haga cargo de manera directa de estas personas.
Además, ante la posibilidad de que en el grupo de los recién llegados pueda haber algún menor de edad no acompañado y, por tanto, deba estar bajo la tutela de la Administración autonómica, la Junta de Castilla y León precisa estar informada de todas las cuestiones relativas al traslado, con el mero objetivo de abordar la situación y dar respuesta eficaz e inmediata a los problemas.
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