Una vecina de San Andrés denuncia un desahucio «injusto» del que no recibió notificación

El pasado viernes, dos agentes de la Policía Nacional, trabajadores del juzgado y la propietaria de la vivienda se personaron en el domicilio sin previo aviso. «Con malas maneras y a voces como si fuéramos animales salvo los dos policías que tuvieron un comportamiento correcto», recuerda la afectada.

Ella estaba en la vivienda con su hija, el menor estaba en el colegio, y no pudieron recoger nada. «Nos dejaron vestirnos y nada más, ni coger ropa ni los libros del niño ni siquiera las fotos de mis padres o los recuerdos», lamenta con voz quebrada.

Los problemas se iniciaron cuando María (nombre ficticio de la afectada) se quedó sin trabajo y solicitó las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León. Al no recibir respuesta se personó en la delegación territorial de la institución en la capital leonesa donde le aseguraron que tenía la ayuda concedida y que le habían enviado tres misivas a su domicilio.

«Yo no recibí nada en casa y no se hizo efectiva la ayuda, también perdí un bono social y todo porque mi dirección no era la que me pusieron en el contrato de alquiler», asegura. Del mismo modo insiste que nadie desde el Juzgado le informó del desahucio.

La mujer explica que su vivienda se compone de un edificio con dos entradas y por lo tanto, dos direcciones. La propietaria le marcó una en el contrato que no es la misma en la que ella tiene el buzón, sino que es de la otra vivienda actualmente abandonada. María sospecha que ha sido ella quien ha escondido sus cartas y notificaciones «y tengo testigos que pueden explicarlo, pero no pruebas».

Desde el mes de enero María no ha podido abonar el alquiler y asegura que se intentó poner en contacto con la propietaria en varias ocasiones, pero no lo consiguió. La arrendataria le reclama 4.000 euros, pero el alquiler mensual es de 250 euros y María asegura que sólo debe desde enero, por lo que sería 2.250 (hasta septiembre que fue el juicio).

En el mismo, la mujer presentó los recibos del banco por los pagos de los meses anteriores, hasta diciembre de 2019, pero no cuenta con la resolución del juez ni con la sentencia del juicio. Por ello, no pudo recoger sus cosas con antelación al desahucio.

«Vinieron y estábamos en pijama, nos vestimos y nada más», recuerda la mañana del viernes. «No me dejaron coger nada, ni la ropa ni los libros del niño que está estudiando ni mis recuerdos».

Ahora ha denunciado el procedimiento y espera la llamada del juez, «porque estoy en la calle y no tengo domicilio», para poder recoger sus pertenencias.