El PSOE de San Andrés alerta de «la falta de rigor económico de UPL»

Fernández, quien fuera concejal de Hacienda en el anterior mandato y, por tanto, responsable de la línea económica seguida por el Ayuntamiento durante los cuatro años en los que se redujo la deuda un 25 %, recuerda que antes de las elecciones «se aprobó en pleno la amortización de 5,5 millones de euros pero desde que gobierna UPL ha cambiado en varias ocasiones de idea, sin que ni la alcaldesa ni la concejala de la materia hayan sido capaces de explicar cuál es el motivo de los bailes de cifras».

El portavoz socialista recuerda que en una de sus primeras entrevistas, la alcaldesa «aseguró que no iba a amortizar deuda más allá de la cuantía obligatoria pese a que estaba ya consignada presupuestariamente, pero tras las comisiones informativas y plenos, a requerimiento del PSOE y por el resto de grupos de la oposición, comenzó a variar su discurso».

«En el pleno de noviembre detalló que serían 3 millones de euros los que se iban a amortizar, más los 2 millones obligatorios de final de año, pero en la última comisión de Hacienda, la concejala indicó que finalmente este último martes se aprobaron 3,8 millones de amortización anticipada, más la cuota fija del crédito, pero en ningún momento explicó ni justificó ante nuestras preguntas por qué se había producido este baile de cifras que pone de relieve que ni la alcaldesa ni la responsable de esta materia tienen claro cuáles son las necesidades y obligaciones del Ayuntamiento de San Andrés», ahonda Benjamín Fernández.

«Esta falta de rigor y transparencia que se percibe en las comisiones y en los plenos se traslada también a los medios de comunicación y a la ciudadanía, como se pudo demostrar precisamente este miércoles, cuando tras celebrarse la comisión informativa de Hacienda, enviaron una nota de prensa de la que se desprende que serían 3 millones los que se amortizarían anticipadamente y no los 3,8 millones que se habían aprobado definitivamente, por lo que queda claro que a la ciudadanía se da una cifra y a los partidos de la oposición da otra, con lo que además de falta de rigor, también se está demostrando que hay una importante ausencia de transparencia en las decisiones de UPL en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo».

En esa misma nota de prensa, UPL indica que su visión es mantener la estabilidad económica del municipio, continuar trabajando hacia la reducción sostenible de la deuda y que siguen los consejos de los técnicos municipales para racionalizar los recursos económicos y mejorar los servicios a los ciudadanos, «pero no cumplen con las recomendaciones ni del Ministerio de Hacienda ni del Consejo de Cuentas de Castilla y León ni del interventor municipal, que es el técnico habilitado nacional responsable del área y que más conoce la situación financiera del Ayuntamiento», añade Fernández.

Benjamín Fernández apunta además que desde el equipo de gobierno «se alardea de que esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva de las necesidades financieras del municipio pero no se dan explicaciones fehacientes sobre el porqué de estas medidas y los cambios de opinión, ya que en la última comisión de Hacienda, celebrada este miércoles, ni Ana María Fernández Caurel ni María Ángeles González especificaron por qué se ha modificado varias veces la idea ni cómo se ha llegado a la cifra al final amortizada». «Nos tememos que la única explicación posible sea una decisión cosmética, puesto que van a dejar la cifra de deuda tras la amortización justo por debajo de 40 millones, sin que haya una justificación clara de por qué una cuantía sí y otra no», añade el portavoz socialista.

«Esta decisión, que no deja de ser un nuevo bandazo de UPL en estos apenas seis meses de gestión caracterizados por una carencia absoluta de rigor, va a ocasionar un coste de 100.000 euros en pago de intereses que se podrían haber ahorrado si se amortizaran los 5,5 millones consignados presupuestariamente», concluye Benjamín Fernández, quien insiste en que «desde el departamento de Intervención municipal se ha indicado que existe remanente positivo de tesorería suficiente para hacer frente a posibles vicisitudes aunque se abonara esa cifra prevista en el anterior mandato».