Las obras en el centro de salud de Pinilla obligan a desplazar 9.226 consultas en un mes

En ese área Sanidad asegura que la presión asistencial alcanza las 35,73 consultas al día cada facultativo, consultas que se realizan en las citadas consultas temporales y que suponen un gasto mensual para Sacyl en concepto de alquiler de 7.078 euros mensuales con un alquiler cerrado inicialmente hasta el 31 de mayo de 2023.

Mientras los pacientes que usan ese área de salud pública siguen de cerca el complejo proceso de recuperación del viejo centro de salud. Hoy, según los últimos datos oficiales, la previsión es que a finales de abril se terminen las obras de consolidación de la estructura del centro de salud.

Una vez que la consolidación sea efectiva se procederá a la reforma total del edificio para que los vecinos de esta zona de León tengan un centro de salud moderno a finales del año 2024 para poder atender a las 20.000 cartillas sanitarias a las que presta servicio.

«Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad. Se ha hecho un informe sobre la estructura de este centro de salud y los propios técnicos han dicho que se puede construir sobre ella, no hay ningún problema. Todo aquel que diga que sí los hay, se está equivocado o está mintiendo a la gente», aseguró recientemente la delegada territorial de la Junta, Ester Muñoz.

Los ususarios, mientras, insisten a través de diversas plataformas en reclamar que el centro de salud sea derribado y recuperado desde cero. Una posición ante la que Sanidad remarca que recuperará con garantías el inmueble para prestar servicio a sus uruarios.

El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, argumentó días atrás que no tiene sentido el debate social que se ha abierto en León por este retraso técnico, a la vez que recalcó que la Junta de Castilla y León es la primera interesada en que sus edificios sean seguros, «por lo que nos parece una tremenda irresponsabilidad y una manipulación dudar de la gestión de la Junta en este asunto».

Mientras la delegada de la Junta en León, Ester Muñoz, puntualizó que la reunión mantenida con los técnicos de los ayuntamientos afectados constata «que no hay un problema en la estructura que obligue al derribo».