El Juzgado archiva el caso de las piscinas y exime de delito alguno a Chamorro

El concejal del PP, Goyo Chamorro, ha afirmando que «este auto pone fin a un calvario judicial que hemos vivido por rescindir los contratos millonarios que San Andrés tenía con empresas y que lastraban la economía municipal y que permitieron hacer viable el Ayuntamietno» y ha añadido con rotundidad que todo lo que se hizo fue en defensa de los vecinos del municipio respetando la legalidad. «Han intentado callarnos pero al final la verdad prevalece», recalca el que fuera alcalde entre los años 2011 y 2015.

«El auto avala que las decisiones que tomamos fueron las correctas y sin ningún delito en el ámbito penal», manifiesta Chamorro que resalta las «dificultades administrativas» de este tipo de expedientes.«Lo hemos dicho muchas veces y ahora la justicia nos da la razón, lo que hicimos fue en pro del interés general», sostiene.

Todo comienza en diciembre del 2014 cuando la antigua adjudicataria del Centro de Ocio y las Piscinas de Trobajo del Camino interpone una denuncia contra la decisión tomada por aquel entonces por el alcalde, Goyo Chamorro, y el concejal de Deportes, Pedro García de rescindir el contrato con la empresa. Entonces, la mercantil considera que podrían haber delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias. La gestión municipal de las instalaciones que implantó el PP fue continuada por el PSOE cuándo llegó al gobierno en el año 2015, y sus responsables incorporados a las denuncias de la empresa. Ha sido cuatro años después cuándo el Juzgado de Instrucción número 2 da carpetazo final a este asunto que ha recorrido varios órganos jurisdiccionales fruto de los numerosos recursos interpuestos por la compañía hoy en liquidación.

El Auto concluye que «no resultan acreditados los efectos perjudiciales para el erario público», tal y como ponía de manifiesto la demandante. Además, la juez hace referencia a los hechos que anteceden al expediente penal que ponen de manifiesto el conflicto existente entre dicha empresa y el Ayuntamiento de San Andrés «que han tratado de solventarse en la vía contencioso administrativa sin que haya obtenido resultado positivo alguno en su favor». Para la juez no existe el delito de fraude a la Administración puesto que las decisiones que se tomaron estaban encaminadas a garantizar la continuidad del prestación de este servicio público.