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El pleno de este mes de octubre en San Andrés obligará a equipo de gobierno y oposición a buscar un acuerdo para desbloquear el pago de las nóminas a los trabajadores del Ayuntamiento. Un acuerdo que, en estos momentos, no existe y que pondría en jaque el cobro del sueldo para los 300 trabajadores municipales.
Unión del Pueblo Leonés lleva una aprobación de crédito extraordinario, por valor de 6,5 millones de euros, que ha contado con el aval del informe técnico del interventor, que cesó sus funciones horas después de sellar el documento.
Dicha propuesta recoge exclusivamente 147.000 euros destinados a inversión y el resto se debe a cuestiones «del funcionamiento ordinario de la casa», explican fuentes municipales, como indemnizaciones, compensación del déficit de la tarifa del agua o Gersul.
Dentro de esa partida van incluidos 625.000 euros para el abono de la mensualidad de octubre a los trabajadores municipales -que generan un gasto mensual de algo más de 700.000 euros al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo-.
Todo ello llega en un contexto de desencuentro constante entre las fuerzas políticas del municipio del alfoz, que únicamente han encontrado la unanimidad en mociones sin trascendencia real. «Nunca se vota lo mismo que UPL en nada», explican desde el equipo de gobierno, que ponen como ejemplo facturas con reconocimiento extrajudicial de crédito que han rechazado.
La realidad es que el gobierno leonesista en minoría complica este tipo de situaciones. Con seis concejales de 21 que tiene la corporación, están obligados a llegar a acuerdos como el alcanzado para abonar la deuda con la línea de autobús a El Ferral del Bernesga que salió adelante con la aprobación del PP, Vox y IU-Podemos. «Hay una falta de consenso absoluta», lamentan.
Con quien, en este momento, UPL no podrá contar es con los tres votos de los concejales de Vox en San Andrés. En un comunicado han lamentado el «chantaje» de la alcaldesa Ana Fernández Caurel por no consensuar este proyecto de crédito con los grupos y la edil no adscrita «poniendo en riesgo la nómina de más de 300 familias».
Vox advierte del «posible riesgo de impago» y su portavoz, Fernando Prieto Olite, lamenta la falta de apoyos por no aceptar su petición de que se vote en diferentes bloques, lo que facilitaría el apoyo de su formación. Ante esta cuestión, cabe destacar la imposibilidad de tal hecho al no contar actualmente el Ayuntamiento con un interventor, que firmó su cese para cambiar de administración días antes de que Vox registrara su petición, según subrayan fuentes municipales, por lo que no se puede firmar el informe.
Vox quería que en un primer bloque y por la «vital importancia» del mismo se acogieran las actualizaciones de retribuciones del personal, el déficit del servicio de abastecimiento o el pago de sentencias, que sí contarían con su apoyo. Y, posteriormente, el resto de bloques de áreas delegadas para las que reclama «el consenso» con el resto de grupos. «Gobiernan en minoría y nunca cumplen con el diálogo ni el consenso», exponen.
El partido de Abascal en San Andrés critica la «arrogancia, la mentira y falta de claridad y coherencia» del equipo de gobierno y les culpan de llevar al Ayuntamiento «a situaciones límite» como la parálisis administrativa. «Estas formas de hacer política son un chantaje para el resto de ediles. No escuchan a otros grupos para negociar el crédito y meten proyectos propios», reiteran. Por ello insisten en el reparto de la propuesta en bloques y aportar «transparencia» y apostar por el consenso municipal. Además, recuerdan que siguen trabajando con el presupuesto prorrogado en 2020 al no lograr el acuerdo para elaborar los correspondientes a este año 2024.
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