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El soterramiento del tren a su paso por Trobajo del Camino se encuentra cada vez más lejos. El proyecto de integración -que supondría crear túneles por los que pasarían los ciudadanos y eliminar el puente y las pasarelas de Miguélez y el CRE- sigue ... siendo el objetivo del Ministerio de Transportes y el que se defiende desde el Ayuntamiento de San Andrés.
Una decisión que queda refrendada en el anteproyecto de la Ley de Movilidad sostenible, la cual contempla limitar al 30% la financiación de obras de «urbanización», como sería el caso del soterramiento del tren a su paso por la localidad leonesa. Por el contrario, todas las ejecuciones que mantengan «la traza ferroviaria en la superfie» recibirán hasta un 50% de financiación estatal.
«En el caso de llevar a cabo una solución de integración basada en la eliminación sustancial de las infraestructuras ferroviarias de la superficie, bien mediante la construcción de una variante, un viaducto o un soterramiento, la titularidad de los nuevos elementos estructurales en este último supuesto tales como pilares, muros y losas estructurales del soterramiento, corresponderá a los administradores de infraestructuras ferroviarias, salvo acuerdo en contrario y que por un instrumento de planeamiento urbanístico se establezca otra titularidad en consideración a su caracterización como obra de urbanización. En estos supuestos los administradores de infraestructuras ferroviarias financiarán hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del coste de los citados elementos estructurales».
Una serie de condicionantes que en caso de aprobarse la Ley perjudicarían en gran medida el anhelo de la ciudadanía de San Andrés, la cual sigue demandando que sea el tren el que pase bajo tierrra y no las personas. El borrador de la norma ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros y, ahora, tiene que ser aprobado en el Congreso de los Diputados para que la nueva legislación pueda entrar en vigor.
Por su parte, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, liderado por la socialista Camino Cabañas, precisa que desde el Ministerio de Movilidad no han recibido ningún tipo de información que sostenga «que el soterramiento no se hace por la nueva ley». En este mismo sentido, la administracion muncipal recuerda que la principal objección que presenta el organismo estatal a que el tren pase bajo tierra es que se tiene que mantener la cota de la vía.
Igualmente, el Consistorio declara que el «el Ayuntamiento es un mero interlocutor» y que la decisión final dependerá del Ministerio de Transportes.
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