La Fiscalía incoa diligencias de investigación penal a Serfunle por un posible «quebranto millonario»

Izquierda Unida presentó la denuncia en Fiscalía ya que, aunque ya se ha llevado esta demanda al Tribunal de Cuentas y el Consejo Consultivo dictaminó que en el acuerdo con la empresa Mémora se «cometieron infracciones» al admitir como obligación la imposición del pago de un concepto, denominado «fee o canon de gestión» por parte de la multinacional, que ha supuesto desde 2004 a 2015 el desembolso de 8.419.530,11 euros a esa parte privada, la función del Tribunal de Cuentas es simplemente de fiscalización de la actividad económico financiero del sector público y el Consejo Consultivo se desmarca de los efectos de la irregularidad. Por lo que, dado que Izquierda Unida considera que posiblemente hay más responsabilidades, lo elevó a Fiscalía dado que el órgano con más capacidad para dirimir si estas responsabilidades suponen delito, efectivamente es la Fiscalía.

Lo que está constatado es que el contrato firmado con, en ese momento Service Corporation internacional Spain SL, y posteriormente Memora, no se atiene a los pliegos que regían ese concurso y que, al mismo tiempo y a petición de esta empresa, se modificaron los Estatutos de la Mancomunidad para acomodarlos a las demandas de la empresa que presentaba la oferta, como así lo ha reconocido y constatado el propio Consejo Consultivo. Lo cual es como hacer al dictado de la multinacional privada la constitución de esa empresa mixta.

El Interventor General de Serfunle y la Agencia Tributaria han detectado la ilegalidad de dicho canon, suscribiendo Informes muy relevantes que pueden tener trascendencia penal y que por eso creemos que debían ser investigados por la Fiscalía, como así nos lo ha comunicado, iniciando diligencias de investigación penal.

Esperamos que la Fiscalía pueda en este proceso descubrir qué ha pasado o dónde ha ido a parar el expediente administrativo, que no consta en los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de León, y que gracias a una técnico del propio Ayuntamiento se han ido pudiendo reconstruir, al menos en parte, y que es fundamental para esclarecer los hechos y las responsabilidades políticas de aquellos partidos, PP, PSOE y UPL que aprobaron la adjudicación con tanta prisa, que ni siquiera respetaron los plazos para la convocatoria de la asamblea de mancomunidad y con una documentación entregada momentos antes de la reunión.

Así como el hecho de que el crucial informe del jefe de asuntos económicos y secretario del Consejo de Administración de Serfunle SA, fuera además el Secretario de Panasef, patronal nacional de las empresas de servicios funerarios, donde participa Memora. Una asociación que defiende los intereses de las empresas prestadoras de servicios funerarios y de cementerio, lo cual para Izquierda Unida supone que existe, por lo menos, un grave conflicto de intereses.

Por todo ello Izquierda Unida espera que la Fiscalía clarifique todas las responsabilidades y posibles delitos si los hubiera.