El Tribunal de Cuentas pide un informe a la Fiscalía por el proceso de municipalización de la limpieza de Goyo Chamorro

Los hechos denunciados por parte de USO se remontan a la decisión tomada en el pleno de Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo el día 27 de diciembre de 2012, en el cual se acordaba la asunción municipal de los servicios prestados por la sociedades Urbaser S.A. y Grupo Raga S.A. Ese mismo día, la Junta de Gobierno Local llegaba al acuerdo de subrogar a todos los trabajadores de ambas como personal indefinido no fijo y con el convenio laboral del Ayuntamiento, todo esto en contra de la legislación estatal básica que no permite desde 2012 la incorporación de nuevo personal al sector público excepto los casos de procesos selectivos.

En cuanto a las retribuciones de los trabajadores, según USO, aún siguen cobrando acorde con el convenio que tenían con la mercantil Urbaser, ya que la concejala del área, Noelia Álvarez Díez, no promovió la firma de contratos nuevos con el Ayuntamiento con el fin de adherirse al VI convenio de los empleados públicos del ayuntamiento de San Andrés. Además en la misma JGL se aprobó iniciar un expediente para modificar la plantilla del ayuntamiento algo no se llegó a realizar en ningún momento.

Otro hecho que podría provocar un grave daño a las arcas del ayuntamiento es la paga de la antigüedad de los trabajadores, según el convenio que mantenían con Urbaser, además de las 16 pagas anuales, algo que incumple la legalidad vigente en esta materia, además del «grave agravio comparativo» con otros trabajadores de la institución, conforme denuncia el sindicato USO.

De acuerdo con la denuncia formulada por el sindicato se piden responsabilidades penales y/o administrativas o a las personas responsables de estas presuntas irregularidades realizadas por el equipo de gobierno de Goyo Chamorro, además de incidir en la concejala responsable del área Noelia Álvarez, ya que la situación de los trabajadores subrogados ha supuesto una grave alarma social dentro de los trabajadores del ayuntamiento por el agravio comparativo entre unos trabajadores y otros en materia de retribuciones.

Por todo esto, el Tribunal de Cuentas solicita un informe a la Fiscalía con el fin de determinar si las decisiones adoptadas han producido un grave perjuicio a los fondos públicos del ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.