El proceso mira al precipicio

Tras meses de tanteo, las cartas están sobre la mesa. Carles Puigdemont expresó el pasado lunes en Madrid, que no dará marcha atrás, que el referéndum «se celebrará» y que el compromiso con las urnas es «inviolable». Dos días después, envió una misiva al presidente del Gobierno para invitarle a negociar los términos de la consulta. Dijo que era la última oferta dialogada antes de pulsar el botón rojo de la ruptura unilateral. Mariano Rajoy replicó 24 después con un portazo, también a través de una carta. «Ambas partes siguen con su estrategia de seguir acelerando, pensando que el que aflojará será el otro», opina Toni Aira, profesor de comunicación política en la Universidad Pompeu Fabra.

Joaquim Coll, historiador y miembro de la junta de Sociedad Civil Catalana, entidad antinacionalista, considera que la consulta no tendrá lugar, porque el Gobierno central y el Constitucional «no lo van a consentir». «Ya no hay engaño posible como en el 9-N, pero Puigdemont va a forzar al máximo la reacción del Estado para justificarse y alimentar el victimismo», relata. Se trata, añade, de «calentar el ambiente» para las siguientes elecciones, que todo apunta a que serán inmediatamente posteriores a la fecha fijada para el referéndum, previsto para el 1 de octubre. Asistimos a una especie de ceremonia de la confusión, coinciden los expertos, en la que las dos partes intentan cargarse de razones: la Generalitat para poner en marcha la vía unilateral y el Gobierno para dar una respuesta al desafío.

Jordi Sánchez, de la ANC, cree que el Gobierno solo podrá frenar la consulta si utiliza toda su «fuerza coercitiva». Y a su juicio, cuando desde el Ejecutivo central hablan de «golpe de Estado» no es un mero juego de palabras. «Están construyendo el marco mental para justificar la represión», opina. El choque de trenes parece inminente, pero ¿en qué consistirá? El Gobierno catalán convocará el referéndum y tratará de poner las urnas. Por el otro lado, el Estado responderá con medidas jurídicas y coercitivas. «Estamos dispuestos a impedir que se pueda llegar a poner esa urna de papel, de cartón, de cristal o como se quiera», dijo la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

El abanico de medidas es muy amplio. Desde el control de los Mossos por parte del Ministerio del Interior; al precinto de los colegios electorales o requiso de las urnas; pasando por acciones penales contra los dirigentes soberanistas, que pueden acarrear inhabilitaciones y hasta prisión. «El secesionismo está provocando para que haya muchas inhabilitaciones, buscando el eco internacional», señala Coll. Junqueras lo dejó claro el lunes en Madrid: «El compromiso del referéndum va más allá de condenas e inhabilitaciones». «El independentismo espera que Madrid se pase de frenada, antes de aplicar el 155 tienen que calcular muy bien las consecuencias», advierte Aira.

Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la UB, en cambio, cree que la colisión no llegará a producirse, porque el Ejecutivo central no podrá impedir la consulta. «El coste del choque es muy alto para el Gobierno», señala. «Rajoy está muy nervioso por la corrupción, de ahí que haya elevado el tono contra el soberanismo. Pero el independentismo no tiene nada que perder, por lo que habrá urnas y además llegarán a algún tipo de acuerdo, como en el 9-N, que se toleró de alguna manera. Será una salida vergonzante, pero el Gobierno, sin mayoría absoluta y con los casos de corrupción que tiene sobre la mesa, está muy acorralado y no tiene la fuerza para impedir el referéndum», remata.

El partido de Colau da plantón

Después de que ayer las entidades soberanistas (ANC, AMI y Òmium) instasen al Govern a fijar fecha y pregunta del referéndum e iniciar así la vía unilateral, el partido de Ada Colau (Catalunya En Cómú), ICV, EUiA y Catalunya Sí que es Pot han rechazado acudir a una reunión que la consellera Neus Munté ha anunciado en la emisora Rac1, quien cree que es "lo que toca" tras "la negativa contundente de Mariano Rajoy" a la oferta de negociación del Govern.

En todo caso, Catalunya En Comú -partido que aglutina a Barcelona en Comú, ICV, EUiA y a los críticos de Podem- ha rehusado participar en la reunión ya que, a su juicio, la reacción al rechazo de Mariano Rajoy debe darse desde el Pacto Nacional por el Referéndum. Pero de todos esos partidos de la izquierda alternativa se ha desmarcado Podem, que asistirá a la reunión, según han confirmado a la agencia de noticias Efe varias fuentes de la formación morada en Cataluña.