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Mateo Balín
Miércoles, 3 de mayo 2017, 11:12
Dos meses después de tomar posesión del cargo, el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix se encuentra en su momento más bajo. En la cuerda floja por la 'operación Lezo' y entre críticas internas por el relevo de los fiscales en el 'caso del 3%' de ... Convergència. Con esta tormenta de fondo, que lejos de amainar sigue golpeando la imagen de la Fiscalía y reforzando la creencia de la falta de independencia de Moix, el Consejo Fiscal se reúne mañana y pasado con un orden del día que incluye la revisión y votación de las polémicas decisiones del fiscal jefe sobre estos dos asuntos.
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El pleno del Consejo Fiscal, órgano consultivo del fiscal general José Manuel Maza, está formado por 12 miembros, nueve de los cuales los elige la carrera y los tres restantes son el propio fiscal general, el teniente fiscal del Tribunal Supremo (Luis Navajas) y el fiscal inspector jefe (Fausto José Cartagena). De los fiscales electos por un mandato de cuatro años, la última votación fue en febrero de 2014, seis pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF, de perfil conservador) y tres a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). El primer colectivo, por tanto, tiene el control del Consejo Fiscal, ya que sus acuerdos se adoptan por mayoría simple y, en caso de empate, el presidente tiene un voto de calidad.
Pese al respaldo previo dado por la Asociación de Fiscales a Manuel Moix, una circunstancia que supone un balón de oxígeno a su actuación -«no está sometido al Gobierno y es un grandísimo profesional. Su actuación ha sido normal. Actuó con arreglo a la normativa», defendió el pasado viernes su portavoz Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional-, este vez se expone al pleno del Consejo Fiscal con la posibilidad de debilitar aún más su posición si no recibe un apoyo unánime de sus compañeros, como todo parece indicar. La razón es que, el menos, los tres fiscales de la UPF tienen previsto castigar a Moix. «Algunos interpretan la Fiscalía como un rebaño con un pastor que es el fiscal jefe y otros la entendemos como una orquesta de solistas con un director», criticó el viernes su presidente Álvaro García Ortiz.
Por lo tanto, aunque tampoco recibirá un reproche mayoritario, el jefe de Anticorrupción seguirá estando en el candelero. Y lo peor para él es que el horizonte cercano no es nada halagüeño, ya que tendrá que convivir con el levantamiento de sumario de la 'operación Lezo', con menciones explícitas a su persona por parte de varios investigados como Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid en prisión.
Por otra parte, la suerte de Moix también dependerá del desgaste que en este contexto tenga el fiscal general José Manuel Maza, la persona que dio su visto bueno a la candidatura de su colega pese a que los aspirantes restantes formaban parte o habían tenido experiencia en Anticorrupción, y Moix ninguna. Maza ya tuvo que pasar por el Congreso el 1 de marzo para explicar la posición de su departamento con el expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el 'caso Púnica' y volverá el 10 de mayo para dar respuesta a las polémicas decisiones de Moix en la 'operación Lezo' y en el 'caso del 3%'. A esta comparecencia le seguirá la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por los mismos hechos.
Solicitud de amparo
Así, la tormenta perfecta para Moix aún no ha llegado, pero antes tendrá que escuchar lo que diga el Consejo Fiscal. De momento, los dos primeros puntos de la agenda se refieren a su persona. Dicen así: Informe del Consejo Fiscal sobre sustitución y designación de Fiscales encargados de las Diligencias Previas 11/2013 del Juzgado de Instrucción número uno de El Vendrell (Tarragona), en relación al 'caso del 3% de Convergència', y la solicitud de amparo de varios fiscales destinados en Anticorrupción.
El primer punto se refiere a la oposición de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo de abandonar el caso y el segundo tiene que ver con la petición de amparo formulada por éstos y su compañero Juan José Rosa frente a la denuncia del empresario Rafael Pallardó, investigado en la 'operación Emperador', por presuntas coacciones y obstrucción a la Justicia en una reunión que tuvo lugar en 2014. Moix abrió diligencias internas contra sus subordinados para investigar la veracidad de los hechos.
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