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Nuria Vega
Jueves, 20 de abril 2017, 13:39
El presidente del Gobierno afronta su citación como testigo en el juicio por Gürtel como un acto de pura normalidad. Mariano Rajoy, que hasta esta mañana había guardado silencio, asegura asumir el mandato de los jueces sin comentar su contenido. Yo llevo diciendo durante mucho ... tiempo que cumplir la ley y hacer caso de las resoluciones de los tribunales es algo obligado para todos; me he referido también a los gobernantes, y en mi caso también, es mi obligación e iré encantado a responder a lo que tengan a bien preguntar y aclarar lo que quieran aclarar, ha apuntado a su llegada a la clausura de la asamblea general de la CEOE.
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El presidente, que podrá marcar el calendario de su declaración y decidir el formato, no ha querido avanzar si acudirá a la Audiencia Nacional para testificar o si lo hará a través de una videoconferencia. Como me digan los tribunales, se ha limitado a contestar, mientras en su entorno admiten la necesidad de analizar a fondo la estrategia a seguir.
También ha rehusado retomar la línea argumental establecida por el PP y que señala que el tribunal de Gürtel ha cedido ante las presiones de una acusación popular vinculada al PSOE. Yo no voy a comentar las resoluciones de ningún tribunal, me parezcan razonables o no -ha puntualizado-; en tres oportunidades dijeron que no tenía que ir como testigo, ahora dicen que sí, no dije nada en las otras oportunidades y ahora tampoco.
La suya, ha querido enfatizar, es la opinión propia de un presidente del Gobierno. Esa diferencia entre la postura del Ejecutivo y la del PP ha quedado patente en los últimos días. El pasado martes, horas después de que los jueces resolvieron llamar a declarar a Rajoy, los populares emitieron un comunicado en el que aseguraban no compartir la decisión de la Audiencia Nacional e insinuaban la mano del PSOE tras las maniobras para sentar al presidente en el banquillo, aunque fuera como testigo. La asociación ADADE (acusación popular en el juicio por la primera etapa de Gürtel) está liderada por dos personas, Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista, rezaba el texto en el que se denunciaba una clara intencionalidad política.
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