Un desarme sin contrapartidas políticas

El principal punto de quiebra de la estrategia de ETA se produjo el 16 de diciembre en la localidad vascofrancesa de Louhossoa, 30 kilómetros al este de Bayona. La Policía gala detuvo a cinco personas que pretendían grabar un vídeo en el que la organización inutilizaba parte de su arsenal para posteriormente difundirlo en los medios y se incautó de la munición y las armas que pretendían emplear en la filmación. La operación sacó a la luz una gestión del desarme que se desconocía en Euskadi y que había sido gestionada al margen de los partidos vascos, que en otras ocasiones habían estado al tanto de las intenciones de ETA.

Esta forma de actuar generó un hondo malestar en sectores que trataban de amparar el desarme incluido el Gobierno vasco, ya que se sintieron traicionados. Para aumentar la confusión, el nombrado interlocutor de la banda para poner fin a los arsenales, David Pla, culpó en una entrevista al Ejecutivo autónomo de torpedear el desarme al haber presentado su propio plan, aunque dejaba una puerta abierta en el caso de que rectificase su posición. Desde el Gabinete de Urkullu se ignoró esta proposición y se instó a la organización a deshacerse de las armas cuanto antes.

La puesta en escena fallida de Louhossoa se produjo después de que la izquierda abertzale y sus grupos de mediación hubieran buscado un contacto con el Gobierno francés de Manuel Valls para que las autoridades de París interviniesen en el proceso de desarme. ETA percibió entonces que no existían fisuras en el discurso unitario de París y Madrid. Entre los gestores del desarme no solo se interiorizó que los Gobiernos no iban a dar ni un solo paso para conceder algún tipo de beneficio a cambio de las armas, sino que no existía ninguna intención de levantar el pie del acelerador de las fuerzas de seguridad. Además, las elecciones francesas, previstas para el 23 de abril, presagian un triunfo de los partidos de derecha que colocaría en un horizonte aún más lejano cualquier posibilidad de que Francia intervenga en el proceso sin ir de la mano del Ejecutivo del PP.

Noruega

Desde la izquierda abertzale se activó el Foro Social, un grupo de mediadores y miembros de la sociedad civil que ha servido para dar cobertura a los movimientos en torno al fin del terrorismo. Este grupo, que el 3 de marzo presentó un plan para la puesta en libertad de presos de ETA y ayer pidió que el Gobierno vasco se incorpore al proceso, ha ganado protagonismo en los momentos en los que el proceso de paz se atascaba. En 2013, cuando las autoridades noruegas expulsaron a la comisión negociadora de la banda al comprobar que el Gabinete de Rajoy no tenía ningún interés en sentarse con sus interlocutores, el foro hizo público un documento con «recomendaciones» para continuar con el proceso. Este texto, que pedía un desarme "ordenado" y medidas individualizadas para los reclusos, buscaba poner fin a la parálisis en la que había entrado la organización tras ser desterrada del país nórdico.

El pasado 22 de febrero, un portavoz de este grupo pidió que en el desarme intervengan los Gobiernos vasco y navarro, así como la Mancomunidad de Iparralde, de reciente creación. Esta propuesta causó desconcierto y no fue del agrado en las filas del PNV, que interpretaron la iniciativa como una forma de desdibujar las medidas que se pudieran adoptar desde el País Vasco. El último diseño estratégico entre ETA y los mediadores supondría dejar la iniciativa del desarme en manos de una «comisión» plural y amplia. Para la banda sería una muestra de la «sociedad vasca» que después tendría a sus espaldas la responsabilidad de buscar fórmulas para excarcelar a los presos. El colectivo de reclusos de ETA (EPPK) realizó la semana pasada declaraciones en este sentido.

Coordenadas

Lo sucedido en Louhossoa también ha sembrado dudas sobre la gestión de los arsenales por parte de ETA y la información que está ofreciendo. Según fuentes consultadas por este periódico, la banda dijo que allí se localizaron el 15% de sus reservas de armas, cuando los cálculos de las fuerzas de seguridad es que al menos se trató del 25% aparecieron 29 armas cortas, 12 subfusiles, 9 fusiles y dos granadas.

Los expertos de la lucha antiterrorista están convencidos de que ETA tiene un problema con la localización de sus zulos. Una parte de ellos los considera perdidos, ya que se trata de material antiguo cuyas coordenadas han desaparecido en operaciones policiales o sus responsables han olvidado su paradero. Una segunda parte son depósitos a los que la banda no se va a acercar porque considera que han sido localizados por la Policía y por tanto están quemados. Este caso podría ser el del zulo localizado esta semana en Irún. La tercera parte sería la correspondiente a su material más nuevo, el que está apareciendo en las últimas operaciones policiales.