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Lunes, 13 de marzo 2017, 14:32
El coordinador del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha sostenido este lunes que la sentencia del 9-N repara el Estado de derecho en Cataluña: "Quien la hace la paga". Así ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ... que inhabilita por dos años al expresidente de la Generalitat Artur Mas; por un año y nueve meses a la exvicepresidenta Joana Ortega, y por un año y seis meses a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau. "Es un día triste porque por primera vez en democracia se condena a un presidente de la Generalitat por saltarse el Estado de derecho a favor de intereses ideológicos y electoralistas, pero la sentencia también nos reconforta porque pone en evidencia que en democracia todos somos iguales ante la ley por más presidente de la Generalitat que uno sea", ha asegurado.
También el portavoz del PP, Pablo Casado, ha asegurado que la sentencia "pone a cada uno en su sitio" y demuestra que "nadie está por encima de la ley" y ha dicho a los ciudadanos, especialmente a los catalanes, que tienen que "tener la certeza de que no va a existir impunidad".
Mucho más tibios han sido desde el Gobierno, que no ha comentado la decisión judicial y se ha limitado a expresar su respeto a la independencia judicial. Fuentes del Ejecutivo han subrayado que el Gabinete de Mariano Rajoy no valora ni comenta ninguna sentencia judicial, lo que hace extensivo al caso concreto de Mas. Sí recalcan que el Gobierno muestra su máximo respeto por la independencia de la justicia y por el Estado de derecho. Esa independencia judicial, han continuado, consideran que es garantía de las libertades y derechos de los ciudadanos.
El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha defendido este lunes que no respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional "acarrea sus consecuencias" y ha destacado que la "pena impuesta es la menor posible", porque el TSJC condena a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia pero les absuelve de prevaricación administrativa, y ha instado a la Generalitat y al Gobierno central a buscar una salida con una reforma federal de la Constitución. "La judicialización no lleva a nada y a nada conduce", ha añadido.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que la condena demuestra que los políticos no pueden saltarse las leyes. Ha explicado que su partido "siempre" respeta las decisiones judiciales y, por ese motivo, ha declinado hacer una "valoración crítica" de la sentencia, aunque ha indicado que se puede extraer una "enseñanza": "En España, en cualquier Estado de Derecho, los políticos no estamos por encima de las leyes ni de los tribunales. Estamos para cumplir las leyes o, en su caso, para modificarlas, pero no para saltárnoslas", ha subrayado.
Desde Podemos, el secretario general, Pablo Iglesias, ha calificado de "vergüenza" la condena. "Artur Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la Trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza", ha escrito Iglesias en su cuenta personal de Twitter poco después de conocer la sentencia.
En rueda de prensa, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, ha ahondado en esta idea y ha recordado que Podemos ya ha expresado en numerosas ocasiones su rechazo a que se "judicialice la democracia". "No nos parece que poner una urna tenga que ser un delito", ha insistido dejando claro que, aunque Podemos siempre "respeta" las decisiones judiciales, puede no compartir su contenido.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado en Twitter que "es muy grave que en una democracia se juzgue y se inhabilite políticos por poner urnas", y ha añadido que "judicializar un conflicto político es enquistarlo". También ha reaccionado en Twitter el exalcalde de Barcelona y presidente del grupo municipal Demòcrata Xavier Trias, que ha escrito: "Estamos ante una sentencia por el 9-N de grandes connotaciones políticas. Todo mi apoyo al presidente Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau".
El coordinador nacional de ICV, David Cid, ha instado a Mas a abandonar la política, tanto sus funciones como expresidente de la Generalitat, de manera "temporal", como el liderazgo del PDeCAT, por los "casos de corrupción" que afectan a CDC y no por la consulta soberanista del 9-N. Cid ha rechazado de nuevo la judicialización de la política por el proceso soberanista catalán, pero defiende que Mas debe abandonar la política por la "corrupción": "Estamos en contra de la judicialización de la política, pero tampoco se puede dar cobertura a la corrupción", ha argumentado el líder ecosocialista.
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