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María Eugenia Alonso
Miércoles, 14 de diciembre 2016, 11:07
La 'ley mordaza' ha protagonizado este miércoles el inicio de la sesión de control al Gobierno al volver a pedir el PSOE su derogación por ser una norma "cargada de enorme ideología represiva" y que ha generado "una enorme inseguridad jurídica".
El portavoz parlamentario del ... grupo socialista, Antonio Hernando, ha criticado nuevamente la polémica ley y ha iniciado la cuenta atrás para su derogación: "El plazo está claro. Si usted no quita la mordaza, -le ha dicho a Mariano Rajoy-, la quitaremos nosotros".
En su respuesta, el líder del Ejecutivo ha acusado a los socialistas de "sobreactuar y alejarse de la moderación". "Mucha gente me habla del paro y de otros problemas, pero ni una sola persona me ha dicho ni una sola palabra de la ley de Seguridad Ciudadana", ha defendido Rajoy, tras argumentar que acabar con todas las leyes de la anterior legislatura "no es la mejor manera de hacer una aportación al interés general".
Una «broma»
El presidente del Gobierno ha negado con rotundidad que en España exista un problema de recorte de la libertad de expresión o del derecho a la manifestación. "No se lo cree nadie, es una broma", ha dicho Rajoy y ha hecho uso de los datos para respaldar su posición: solo el 0,02 % del total de denuncias que se han producido al calor de esta ley pertenecen a manifestaciones no autorizadas. "La mayoría son por delitos de drogas y tenencia de armas y explosivos", ha explicado Rajoy desde su escaño.
"Esta ley no la dictaron los mercados, la hicieron ustedes solitos", le ha insistido Hernando, que ha puesto como ejemplo de recientes sanciones una "multa de 800 euros por hacer fotos a un coche de la Policía".
La ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza', es una de las más criticadas por la oposición. El Congreso aprobó hace dos semanas una moción del PSOE que instaba al Gobierno a dejar sin efecto la norma con el voto en contra del PP. El Ejecutivo se resiste a hacerlo y los socialistas han amenazado con presentar una proposición de ley que tumbaría la actual regulación y que contaría, probablemente, con el apoyo parlamentario suficiente.
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