Los independentistas se declaran «a punto» para la desconexión

La cifra de asistencia se ha situado en el entorno del millón de personas -la Delegación del Gobierno ha rebajado los guarismos a 370.000- entre las cinco manifestaciones convocadas. No se han batido récords como habían deseado los organizadores. De hecho los datos han sido los más bajos de las cinco ediciones, que rondaron los 1,4 millones y los dos millones, entre 2012 y 2015. Aun así, las entidades organizadoras y las que participaron han coincidido en calificar la jornada como un «éxito».

Más allá de la guerra de cifras, los organizadores de la protesta de la Diada, que este año se ha celebrado descentralizada en cinco localidades (Barcelona, Tarragona, Lleida, Berga y Salt), han afirmado que están «impacientes» por consumar la secesión y han reclamado a las fuerzas soberanistas y al presidente de la Generalitat «determinación» para culminar el proceso. La ANC y Ómnium Cultural no han puesto plazos para ejecutar la desconexión y han evitado fijar las fórmulas que deben seguir las instituciones catalanas, pero sí se han decantado -sin citarlo- por el referéndum unilateral de independencia. «No dudéis en poner las urnas», ha presionado Jordi Sánchez, presidente de la ANC.

La entidades independentistas han exigido además «unidad» a los partidos independentistas, después de que la CUP, como fuerza política, no estuviera presente en las cinco manifestaciones secesionistas. Los anticapitalistas han reclamado la república catalana en una protesta celebrada al margen del resto de dirigentes secesionistas y se han desvinculado de las oficialistas, que han contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; del vicepresidente, Oriol Junqueras; de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell; y de la alcaldesa Ada Colau, la primera cita independentista con la máxima presencia institucional.

Al independentismo se le ha visto desunido asimismo el viernes pasado en un acto celebrado en Sant Boi, que conmemoraba la Diada de hace 40 años, al que asistieron Esquerra, En Comú Podem y la CUP. No invitaron al Partit Demòcrata Catalán y el malestar entre los antiguos convergentes es notable. En la exigencia de unidad, se incluía también la petición a la CUP, que en junio pasado vetó los presupuestos de la Generalitat y dejó a Puigdemont en una situación de debilidad. Los anticapitalistas ya se han comprometido con apoyar la moción de confianza a la que se someterá el presidente de la Generalitat el 28 de septiembre, pero aún tienen que negociar las cuentas y los pasos a dar para encarar la fase final del proceso.

El independentismo civil, por tanto, escenificó que tiene prisa y pidió concreción. Tras cinco años consecutivos de movilizaciones, la Diada reivindicativa corre el riesgo de institucionalizarse, por lo que la ANC y Ómnium creen que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos.

Última oportunidad

La pelota está en el tejado del presidente de la Generalitat, que horas antes de la celebración de las manifestaciones afirmó que mantiene intacto su plan secesionista. Eso sí, anunció que si supera la moción de confianza (como se espera) está dispuesto a dar una última oportunidad al Gobierno central para que autorice un referéndum de independencia. Oferta en el último minuto que recibirá el enésimo no por parte de la administración central y que servirá a Puigdemont para cargarse de razones de cara al exterior para poner en marcha su plan rupturista. Este consiste en aprobar las tres leyes de la desconexión (hacienda propia, seguridad social y transitoriedad jurídica). Tres normas que sentarían las bases de la eventual república independiente, pero que difícilmente pasarán el corte del Constitucional.

La intención del presidente de la Generalitat es que se aprueben a finales de julio para poder firmar el decreto de convocatoria de las elecciones catalanas para la Diada del año que viene. Los comicios tendrían la etiqueta de constituyentes, pero en realidad volverán a ser unas autonómicas, que desde el independentismo reclamarán que sirvan como plebiscito para refrendar las leyes de la desconexión. La propuesta de Puigdemont sobre el referéndum pactado puede ser también una oportunidad para Pedro Sánchez para negociar con ERC y el PDC una posible investidura.

Lo que el presidente de la Generalitat no apoya de momento es la celebración de un referéndum unilateral, como le piden desde Esquerra, la CUP y la ANC, lo que puede abrir nuevas fisuras en el secesionismo. Más aún después de que ERC presionara este domingo afirmando que la Diada del año que viene será la de la proclamación de la república catalana.