El acuerdo supone un aumento del gasto de 28.500 millones en cuatro años

La mayor parte de ese gasto, hasta 1.300 millones en 2017 y 7.600 millones en toda la legislatura, corresponde al complemento salarial garantizado, una de las propuesta estrella de la formación liberal. En concreto, se trataría de un impuesto negativo (una bonificación del Estado a través del IRPF) para los trabajadores con menores ingresos. El acuerdo también contempla reforzar el plan contra la pobreza infantil con 1.000 millones cada ejercicio. En ese apartado social, contempla aumentar la dotación del sistema de dependencia en 440 millones anuales.

En el ámbito impositivo, además de una reducción de las deducciones es Sociedades y de revisar los pagos fraccionados -algo que el Gobierno en funciones ya ha comprometido a Bruselas tras los malos datos de recaudación de este impuesto- también se mantiene la rebaja de dos puntos del IRPF que prometió el PP en su programa electoral. Pero una vez más, la medida está condicionada a que España rebaje el déficit del 3%, algo que, si se cumplen las previsiones no sería hasta finales de 2018.

Por otra parte, la recuperación del dinero no tributado de la amnistía fiscal (Hacienda fijó un 10% y al final los evasores sólo pagaron un 3% de media), una exigencia de Ciudadanos que estimó en 2.800 millones, queda reducida a menos de 1.000 millones, ya que en esos ingresos extra también se incluye la mejora en la lucha contra el fraude. El acuerdo también incluye revisar la lista de paraísos fiscales (algo que actualmente ya puede hacerse).

Reducción de contratos

En el ámbito laboral, se contempla reforzar el programa de activación para el empleo con 500 millones cada año hasta 2020. Además, se reducen los tipos de contratos a tres: uno indefinido, otro de protección creciente para aquellos trabajos que exijan una vinculación temporal (la duración máxima será de dos años y tendrá una indemnización creciente). El tercer tipo sería un contrato para la formación. Además, los trabajadores constituirían su propio fondo de capitalización -la conocida como mochila austriaca- que acumularían a lo largo de su vida laboral y se llevarían consigo si cambia de empleo.

El acuerdo también incluye una batería de medidas para los autónomos que incluye mantener una tarifa reducida de 50 euros al mes durante un año (ahora son seis meses) para aquellos que inicien esta actividad. Permitir hasta cuatro cambios al año en la base de cotización y eximir de la cotización a los autónomos cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional.