Los disturbios de Gracia incendian las relaciones de la CUP con CDC

Pasados casi cinco meses desde la investidura de Puigdemont, el pacto secesionista está herido de muerte. Especialmente, por la decisión de la dirección cupera de tomar distancias con Junts pel Sí y el Gobierno catalán y por el rechazo de los asamblearios a las cuentas presentadas por Oriol Junqueras. Y ya la gota que ha acabado de colmar el vaso han sido los disturbios de Gracia. Durante la comparecencia del director general de los Mossos en la Cámara catalana para dar cuenta de la actuación policial, el miércoles pasado, la CUP acusó al cuerpo autonómico de practicar la "brutalidad" y de haber "encendido la cerilla" de la violencia, que los anticapitalistas no condenan de los activistas. El máximo responsable de la Policía, Albert Batlle, replicó a los anticapitalistas que lo "único violento y brutal es la actuación de la gente a la que su partido está amparando". Tensión máxima entre dos socios. Lo que ha pasado en Gracia es una metáfora de cómo están las relaciones entre dos partidos que en teoría deberían ir de la mano. Por un lado, los Mossos, dirigidos por un consejero de Convergència, cargando contra los grupos radicales, próximos a la CUP, y la formación asamblearia, amparando el uso de la violencia como forma de protesta callejera y rechazo absoluto a los Mossos.

Enfrentamiento entre independentistas, que está tensando las relaciones más allá de las estrechas calles del barrio contestatario por excelencia de Barcelona. Si hubiera voluntad política de no mezclar los asuntos, habrían establecido un cortafuergos, pero la propia CUP quiso vincular los disturbios de Gracia con el pacto de estabilidad. "Para nosotros lo ocurrido en Gracia condiciona mucho la política", afirmaron. Como gesto de distensión, pidieron a la Generalitat la destitución del director general de la Policía catalana y la disolución del cuerpo antidisturbios de los Mossos. Demandas, que por supuesto no serán atendidas por el Ejecutivo catalán.

Antagónicas

En el fondo, subyace el choque entre dos culturas políticas casi antagónicas, la que representa Convergència, un partido de orden, de corte liberal; y la CUP, anticapitalista, revolucionaria y que pide la desobediencia inmediata. La formación de la que depende la estabilidad parlamentaria del Gobierno catalán exige pasos que demuestren que existe voluntad real de ruptura con el resto de España. Por ejemplo, la ponencia aprobada hace una semana por la asamblea cupera reclama un referéndum unilateral sobre la independencia antes de enero de 2017 y asegura que no aceptará que las llamadas elecciones constituyentes del verano del año que viene sean unas autonómicas más. Mas ha planteado que sean unas nuevas plebiscitarias, como el 27-S, pero la CUP esa pantalla la da por muy superada y pide a CDC y ERC que se "pongan las pilas" en la desconexión. Mientras, Puigdemont se ha olvidado de la quinta marcha y desespera a los independentistas más impacientes, cuando insiste en reclamar un referéndum pactado con el Estado y se olvida ocasionalmente, al centrarse en un frente común con Baleares y Valencia para pedir un nuevo modelo de financiación autonómico e inversiones en el Corredor Mediterráneo.