Trias firmó con el dueño del 'banco expropiado' pagar el IBI y varios desperfectos

Así consta en el "contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda" que firmó el 1 de enero de 2015 el entonces primer teniente de alcalde, Joaquim Forn (CiU), y la empresa Antartic Vintage SL, propietaria del local que fue desalojado por los mossos d'esquadra el pasado lunes y que ha originado tres días de disturbios en el barrio de Gracia.

El contrato de alquiler, hecho público hoy por la emisora RAC-1, fue firmado por el consistorio para "ganar tiempo" y evitar el desahucio de los okupas porque, según explicó ayer Xavier Trias, pensó que era la solución "menos mala", no para beneficiar a los okupas, sino porque puso por delante los intereses generales "para evitar un conflicto grave", como el que ha ocurrido esta semana.

El propio contrato de arrendamiento hace constar que el alquiler de la finca okupada lo pagará el ayuntamiento "ante la previsión cierta de que el lanzamiento forzoso de los ocupantes del local ocasionará disturbios y altercados que pueden poner en peligro la paz social del entorno en que se encuentran las fincas ocupadas". Por ello, el ayuntamiento solicita a Antartic Vintage SL "la suspensión provisional del lanzamiento previsto en aras de intentar negociar con los ocupantes su desalojo pacífico y voluntario, a lo que ha accedido la propietaria".

El contrato establece que el ayuntamiento "destinará el local al desarrollo de cualquier actividad licita y no lucrativa, incluyéndose expresamente la posibilidad de que permita su uso a los actuales ocupantes" y exime a la propietaria de cualquier responsabilidad por las actividades que se desarrollen en el local". También establece que "los impuestos, arbitrios, contribuciones y demás que se impongan (...) serán de exclusiva cuenta y cargo de la arrendataria".

El documento reconoce "las especiales circunstancias que justifican el presente contrato de arrendamiento", por lo que establece una duración inicial de un año, hasta el 31 de diciembre de 2015, aunque podría prorrogarse trimestralmente, "siempre y cuando el local permanezca ocupado por cualquier persona".

El ayuntamiento se comprometió a dejar el local en buenas condiciones una vez hubiese sido desalojado, mientras que la propietaria se comprometió a mantener la suspensión de petición de desahucio "como mínimo durante 5 años y 16 días, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2019".

El precio del alquiler se fijó en una primera mensualidad de 6.000 euros y las restantes de 4.000 euros mensuales (sin IVA) y a partir de enero de 2016 iba a subir a 5.000 euros mensuales. Sin embargo, el ayuntamiento gobernado por Colau decidió rescindir el contrato de arrendamiento y por eso la propietaria volvió a instar el desahucio del local.

Además, el contrato también establecía que el ayuntamiento pagaría la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las cinco fincas unidas que formaban el "banco expropiado" que ascendían a 3.058 euros anuales, así como las contribuciones, arbitrios y tasas ya existentes o de nueva creación".

Igualmente, el ayuntamiento pagaba la tasa de recogida de basuras según recoge el contrato de arrendamiento, que investiga la fiscalía para ver si ha existido por parte de Xavier Trias una malversación de fondos públicos.