Sánchez fía a Bruselas la financiación de su programa económico para un posible Gobierno sin presupuesto claro

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno parece haber fiado a Bruselas la financiación del grueso de las medidas que aplicaría de llegar finalmente a La Moncloa. Es el tercero de los grandes "compromisos" que anunció en el Parlamento, y que ya figuran en el acuerdo alcanzado la semana pasada con Ciudadanos: "fortalecer la estabilidad presupuestaria", y hacerlo negociando con las autoridades comunitarias un nuevo calendario de reducción del déficit público "que gradúe su ritmo".

La senda que desea, que ha calificado de "realista" y "equilibrada", sería a cuatro años vista y dejaría ese desequilibrio contable "en el entorno del 1%" (equiparable en términos de Producto Interior Bruto) para 2019, y a su vez "por debajo del 3%" -aunque sin concretar más- en 2017, saliendo así del "brazo correctivo" del denominado Procedimiento por Déficit Excesivo. El problema es que a, día de hoy, este escenario es una quimera. En las últimas fechas tanto el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, como el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, han cerrado la puerta a esta posibilidad, sin portazos aunque con firmeza.

El propio Sánchez es consciente de ello, como ha evidenciado este martes al señalar que desde Bruselas han advertido a España de que los Presupuestos del Estado para 2016 "presentan una desviación de unos 10.000 millones" aunque la Comisión, en realidad, lo cifra en 8.600 millones. Por ello, y tras "renunciar" a que ese ajuste se haga "recortando más los gastos sociales" -de hecho, se ha comprometido a "restaurarlos", pero de nuevo sin avanzar en pormenores-, ha asumido la realización de una reforma fiscal "integral y progresiva" que "amplíe las bases imponibles" -podando buena parte de las deducciones y subvenciones actuales, al tiempo que crea nuevos tributos, por ejemplo, medioambientales- y, a la vez, "luche con mayor decisión contra el fraude". A este respecto ha anunciado la puesta en marcha de una Oficina Nacional de control fiscal de las grandes fortunas, en teoría dedicada a evitar posibles casos de evasión.

De nuevo, el cambio de modelo

Con todo, el gran "desafío" que el dirigente socialista ha destacado -"debemos volcar todas nuestras fuerzas" en ello, ha enfatizado- es la creación de empleo, problema que ha vinculado a un modelo productivo español que se sostiene sobre sectores "muy vulnerables al paro en caso de crisis", además de tener "una escasa productividad y una baja competitividad". A su juicio, ha señalado que el hecho de que el país siga teniendo en torno a cinco millones de desempleados con la economía creciendo a un ritmo anual del 3% "es la mejor prueba del fracaso" de las políticas gubernamentales.

A este respecto, y evocando la casi fracasada Ley de Economía Sostenible aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado su intención de cambiar el modelo de crecimiento apostando por la innovación y la mejora de la productividad "con más valor añadido, no haciendo las cosas más baratas". Los mimbres para hacer ese cesto pasarían, según él, por incentivos fiscales a la llamada economía social, junto a reformas de las leyes de cooperativas y mecenazgo. También sumarían a ello una Ley de Segunda Oportunidad, un nuevo Código de Consumo e incluso un refuerzo del gobierno corporativo en las empresas.

El modelo económico dibujado por Sánchez, aunque solo a muy grandes trazos, contaría asimismo con un nuevo Estatuto de los Trabajadores y la supresión de los elementos "más nocivos" de la última reforma laboral. Entre éstos ha citado de manera específica cuatro: la supremacía "absoluta" del convenio de empresa, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, la capacidad del empresario para abordar alteraciones "sustanciales" del contrato laboral de manera "unilateral" y, por último, la "permisiva" regulación de los contratos temporales.

En su lugar, recuperaría derechos de los trabajadores en la negociación colectiva, limitaría a dos años la contratación por tiempo determinado -a la vez que eleva la indemnización por despido el segundo año-, y mejoraría los incentivos a la conversión de empleados temporales en indefinidos. "Nadie cuestiona la necesidad de flexibilidad que tienen nuestras empresas", ha apuntado el candidato, "pero ello debe hacerse de forma negociada con los trabajadores".

Plan de choque sin detalle

A tal fin ha prometido reducir a tres las modalidades de contratación: el actual indefinido, uno estable de duración "determinada" que sustituya al temporal, y el último para relevo y que también serviría para la formación. Ha añadido que prohibiría la cobertura de puestos permanentes con empleados temporales, además de crear un plan de inspección contra la precariedad laboral. También pondría en marcha un plan de choque, de nuevo sin concreción, para incorporar al mercado de trabajo "en un tiempo razonable" a quienes buscan su primer empleo.

La lucha contra la desigualdad cierra los "compromisos" económicos de Sánchez si llegara a dirigir el Ejecutivo. De un lado, pondría en marcha un Plan de Emergencia Social para reconocer un ingreso mínimo vital -destinado, apuntó, a los 750.000 hogares que carecen de toda aportación- y también el llamado complemento salarial garantizado (propuesto por Ciudadanos), además de subir el salario mínimo para "recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos cuatro últimos años". En la misma línea aprobaría una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres -sin pormenores por ahora-, bonus de cotización para las mujeres con hijos y, ya de cara a los funcionarios, establecer el fin de su jornada laboral a las seis de la tarde.