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A. CUBILLAS
León
Viernes, 9 de febrero 2018, 17:37
El proceso judicial por el trágico accidente en el pozo Emilio entra en punto muerto. Seis meses después de que la juez del Juzgado de Instrucción nº4 de León acordase la apertura de juicio oral con la imputación de 26 personas, entre ellas la ... cúpula de la Hullera Vasco Leonesa, el caso sigue a la espera del Ministerio Fiscal.
Según fuentes judiciales consultadas por leonoticias, no consta que la Fiscalía haya presentado el escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa o, en su caso, la práctica de diligencias complementarias o, al menos, no se les ha notificado a las partes.
Todo ello, a pesar de que el juez estableció un plazo de días para su presentación el plazo establecido de diez días en los que el resto de partes, acusaciones y defensas, presentaron sus respectivos escritos ante el Juzgado.
La Ley de Enjuiciamiento criminal contempla la posible prórroga del plazo en un máximo de otros d10 días. SI bien, señala que, si el Ministerio Fiscal Fiscal no presentase su escrito en el plazo establecido, el juez de Instrucción podrá requerir al superior jerárquico del Fiscal actuante, para que en el plazo de diez días presente el escrito que proceda, dando razón de los motivos de su falta de presentación en plazo.
Sin embargo, el plazo hoy por hoy ya asciende por encima del medio año. Un retraso “injustificado”, según denuncian los familiares de fallecidos y heridos, que no ocultan su “indignación” por la inacción del Ministerio Fiscal que no hace otra cosa que retrasar en el tiempo la celebración de un juicio que los afectados ven como la única herramienta para “hacer justicia”.
De ahí que cada vez sean menos las esperanzas de que sea el 2018 la fecha en la que se pueda celebrar la vista oral y poner punto final a uno de los capítulos más dolorosos de la crónica negra de la provincia de León, que se saldó con la muerte se seis mineros y múltiples heridos.
Según el auto de imputaciones que desveló leonoticias, la juez acordó la imputación a un total de 16 personas como responsables de delitos de homicidio con imprudencia grave y de lesiones por imprudencia.
Entre ellos figura los miembros de la cúpula de la Vasco, es decir, el que fuera el presidente de la Vasco, Antonio del Valle, el vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle, el director general, Mario Calvo y el director facultativo del Grupo Tabliza, Jose Eliseo Solis.
Tras casi cuatro años en fase de instrucción, la juez entendió que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias que hubieran evitado el accidente y apreció graves errores en el sistema de ventilación que ponían “en grave peligro la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, como finalmente ocurrió”.
A la espera del escrito de la Fiscalía, los representantes de cinco de los seis fallecidos han solicitado penas de entre siete y seis años de cárcel para cada uno de los 16 imputados mientras que los letrados de los heridos han solicitado penas individuales de seis años por delitos de homicidio, lesiones por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores. De esta forma, las penas acumuladas podrían superar los 80 años para cada uno de los imputados.
Por su parte, los acusados han recurrido el auto de imputación de la juez al entender que el accidente fue “imprevisible” y que la actuación fue “perfecta”, alegando además contradicciones y errores en los informes periciales. Recurso que, hasta la fecha aún no se ha resuelto.
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